Procuraduría pide a MinInterior atender compromisos frente a víctimas de explotación sexual
A la fecha esa cartera ministerial no ha convocado a sesiones al Comité Interinstitucional establecido en la Ley 985 de 2005.
En el seguimiento que realiza la Procuraduría General de la Nación a las acciones del Estado colombiano en la lucha contra la trata de personas, el ente de control advirtió con preocupación al Ministerio del Interior que a la fecha esa cartera ministerial no ha convocado a sesiones al Comité Interinstitucional establecido en la Ley 985 de 2005.
De acuerdo con el Ministerio Público, este comité, que actúa como ente coordinador de la Estrategia Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas, no ha sesionado en lo que va corrido del año, a pesar que la normativa dispone que la convocatoria debe realizarse en forma ordinaria por lo menos una vez cada dos meses. Ante esto, solicitó remitir la programación de las sesiones para la vigencia 2023, los temas que se abordarán, las líneas de acción que ha priorizado la presidencia del Comité para este año y el 2024, la evaluación de los Planes de Acción Territorial ejecutados, entre otros.
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Así mismo, en cumplimiento a las órdenes contenidas en la sentencia T- 236 de 2021 en materia de protección a víctimas de trata de personas, el Ministerio del Interior deberá informar el protocolo con la ruta que debe surtirse para la identificación de las víctimas, así como la socialización de las acciones con los Comités Municipales, Distritales y Departamentales de lucha contra ese flagelo. Las propuestas estructuradas para la protección a las víctimas en un contexto de migración masiva y evidencias de las capacitaciones ordenadas por la sentencia, dirigidas a los servidores públicos con funciones relacionadas con la lucha contra la trata de personas, también deberán ser remitidas al ente de control.
La Procuraduría, a través de la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, seguirá vigilando y ejecutando actuaciones para contribuir a la lucha contra este delito y promover la garantía de los derechos humanos de las mujeres y la niñez en riesgo o víctimas de las violencias por razones de sexo y género.