Procuraduría solicita a la JEP mantener confidencialidad de víctimas de violencia sexual
La procuradora Margarita Cabello afirmó que es importante mantener la identidad bajo reserva.
La Procuraduría pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz que proteja la seguridad y la identidad de las víctimas de violencia sexual que hacen parte del macrocaso 11, con el objetivo de garantizar protección a las víctimas.
“Le hemos pedido a la Jurisdicción Especial para la Paz que es necesario en este macrocaso 11 que adopten medidas urgentes para proteger las identidades de las víctimas de violencia sexual en ese macrocaso 011”, afirmó Cabello.
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La procuradora general Margarita Cabello afirmó que la solicitud se debe a que recientemente, los magistrados de ese tribunal determinaron que se debían compartir los datos personas de las víctimas con los comparecientes señalados como responsables de estos hechos.
“Porque hemos advertido por parte de la Procuraduría que la JEP, la magistratura, ordenó en ese macrocaso compartir los datos personales de todas estas víctimas con los comparecientes señalados como responsables de hechos victimizantes en su contra”, aseguró la procuradora.
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La funcionaria resaltó que, en concepto de la Procuraduría, que es un planteamiento que pone en alerta a las autoridades, especialmente por el tema de seguridad de las víctimas en zonas tanque aún siguen sometidas al conflicto armado.
“Es un planteamiento que genera alertas, alertas, sobre todo por la seguridad de las víctimas, porque podría afectar la protección de las víctimas y su seguridad, especialmente en casos tan sensibles como es el del conflicto armado”, añadió Cabello.
La procuradora concluyó mencionando que “entregarle la identidad a los comparecientes y a los propios victimarios es muy peligroso” por lo que esperan que la JEP acepte la solicitud.
Por este caso la JEP ha explicado que “el análisis de este universo provisional de hechos también permitió establecer que el mayor número de hechos se atribuye a grupos paramilitares (33 %), seguido por las extintas Farc-EP (5,82 %) y agentes del Estado (3,34 %). En el 30 % de los registros no se identifica el presunto actor armado responsable”.