Procuraduría vigila proceso previo a elección del nuevo director de la CAR

A pocas horas de que sea elegido el nuevo director de la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca, las inquietudes no cesan debido a cuestionamientos sobre algunos candidatos que, en el sonajero, suenan como favoritos.

Y es que en cualquier proceso de elección es normal escuchar previamente nombres de los más opcionados, sin embrago, esto no es lo preocupante sino el hecho de que quienes serían los favoritos son blanco de cuestionamientos por estar postulados atravesando sanciones disciplinarias y/o señalamientos de participación indebida en política.

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Sobre estos hechos varios sectores han llamado la atención y elevaron a la Procuraduría una denuncia sobre presuntas irregularidades en la elección de dos integrantes de la junta directiva de la CAR Cundinamarca.

Según denunció la Veeduría ciudadana y representantes de varias ONG participantes, Iván Garzón y Luis Alejandro Motta se hicieron reelegir, bajo supuestas irregularidades, en la junta directiva de la CAR, de la cual hacen parte desde hace 19 años.  

Estas presuntas irregularidades se habrían presentado el pasado 29 de octubre durante la asamblea para elegir a los dos integrantes de las Organizaciones no  gubernamentales, que hacen parte de la junta directiva de la CAR.

¿En qué habría consistido la irregularidad?

Diego Bravo, veedor ciudadano que estuvo presente en dicha asamblea, dijo a LA FM que el día de la elección Motta y Garzón representaron a varias ONG, razón por la que pudieron votar en más de una oportunidad.

Según Bravo, en videos y en el documento quedó registrado el momento en que los dos integrantes mencionados pasan en más de una ocasión a votar entre ellos, haciéndolo en más de 10 oportunidades y logrando así la mayoría para quedarse en el cargo. 

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Este hecho generó disgusto e inconformismo en la asamblea, tal como quedó registrado en algunos videos en los que, además se observa a delegados de la Procuraduría y Defensoría del Pueblo retirarse del lugar tras advertir que dicha elección carecía de sustento legal.

Mientras se hacía eco de la presunta irregularidad, también abandonaron el recinto varios representantes de otras ONG que aseguraron que los directivos de la CAR, que fijaban las reglas para esta elección, no estaban ofreciendo garantías para la transparencia de la misma.

Cuestionamiento a votos de ONG 

En otras denuncias sobre esta elección se cuestionan los votos que recibieron Motta y Garzón por parte de otras ONG, las cuales tendrían relación directa con familiares de los integrantes de la junta reelegidos. 

Pues según han indicado, las otras organizaciones que dieron el voto a los dos integrantes de la junta tenían como representantes legales a familiares de Motta y Garzón. 

También, que dichas ONG están soportadas con certificados de establecimientos comerciales comunes como bares y carnicerías del municipio de Pacho (Cundinamarca), en los que se advertía que la actividad de la organización era la enseñanza a separar residuos sólidos.

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Favorecerían elección de director 

Tras alertarse de las presuntas irregularidades del 29 de octubre, varios de los asistentes decidieron constatar verbal y documentalmente los hechos para posteriormente ponerlos en conocimiento de la Procuraduría.

Sin embargo Luis Alejandro Motta y Andrés Garzón quedaron ocupando nuevamente sus cargos y se ha denunciado que presuntamente buscarían favorecer la nueva elección del director de la CAR Cundinamarca, actualmente en cabeza de Néstor Franco.

Franco presentó con anterioridad su hoja de vida postulándose nuevamente al cargo de director y también desató disgusto y polémica ya que tiene una sanción de la  Procuraduría que lo inhabilita por 10 años, por irregularidades en contratos de la PTAR II de Chía.

Sin embargo este lunes 25 de noviembre, un día antes de la elección, Néstor Franco decidió retirar su postulación y justificó que esperará la decisión en segunda instancia que tome el Ministerio Público frente a su caso y que definirá si puede o no seguir ocupando cargos públicos.