Ratifican inhabilidad general por 10 años al exdirector del Invías

La Procuraduría confirmó la destitución e inhabilidad general por 10 años al exsecretario general técnico del Instituto Nacional de Vías (Invías), Germán Grajales por irregularidades en la ejecución del programa Corredores Prioritarios para la Prosperidad.

Esta decisión fue tomada en el marco del proceso que avanza por las irregularidades que se habrían presentado en el caso Odebrecht, pues el organismo concluyó que el exdirectivo del Invías vulneró el principio de responsabilidad de la contratación estatal. 

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La Procuraduría ratificó que Grajales desatendió su deber de salvaguardar los recursos del Estado que le fueron reconocidos al consorcio elegido, los cuales superaron los topes legales en un monto equivalente a $ 506.600.000, favoreciendo los intereses del particular contratista. 

"El negocio jurídico tenía por objeto el mejoramiento de la gestión social, predial y ambiental del proyecto transversal de Boyacá Fase 2 para el Programa Corredores Prioritarios para la Prosperidad por un valor de $ 154.280´297.291", dice la entidad.

La Procuraduría aseguró que Grajales no supervisó los fines de la contratación al suscribir la modificación que favoreció de manera ilegal al consorcio por los sobrecostos en que incurrió y por la diferencia en favor del contratista con respecto al valor de los estudios aprobados por Invías. 

En la decisión también confirmó la sanción al representante legal de la empresa interventora de ese proyecto Óscar Jiménez Cely, quien según el organismo no vigiló que el contrato se desarrollara de acuerdo con las cláusulas pactadas y las condiciones técnicas y científicas ajustadas a su normal desarrollo. 

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Finalmente, la procuradora ratificó la calificación de la falta en que incurrió Grajales como gravísima a título de culpa gravísima, y la multa de Jiménez Cely, como representante legal de la firma, consistente en el doble del detrimento o perjuicio causado, equivalente a $ 1.012 millones y la imposibilidad de contratar con el Estado por 10 años.