Santos sería investigado por desfalco a Saludcoop en Comisión de Acusación

Carlos Gustavo Palacino, entonces presidente de la EPS, fue liberado hace unos días por vencimiento de términos luego de llevar más de un año en la cárcel sin que hasta ahora se hubiese emitido condena en su contra.

Los oficios con las peticiones para que se investigara lo que estaba ocurriendo fueron enviadas desde el 2014 a la Casa de Nariño, a la Oficina de Transparencia de la Presidencia, al despacho del entonces ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y a la Superintendencia. Las denuncias tenían que ver con hechos puntuales de irregularidades con recursos cuando Guillermo Grosso se desempañaba como agente delegado por el gobierno para la intervención a la EPS ordenada en el 2011.

“Los doctores Guillermo Grosso Sandoval, agente interventor de Saludcoop EPS, y Jaime Poveda, agente interventor de la Corporación IPS Saludcoop, con el beneplácito del doctor Norman Julio Muñoz, superintendente Nacional de Salud, están llevando a cabo una estrategia para desmantelar a la Corporación IPS Saludcoop y favorecer a contratistas privados con el otorgamiento de contratos por servicios que por años brindó la corporación, con calidad y a bajos costos”, se lee en una de las denuncias enviadas a Presidencia con radicado de recibido del 15 de septiembre de 2015.

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“Infórmese al denunciado presidencia de la República expresidente Juan Manuel Santos Calderón, que la denuncia en su contra fue radicada en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes bajo el número 4626 y como nuevo representante investigador esta le fue asignada al representante dr Fabio Fernando Arroyave Rivas, el cual mediante providencia evoca el conocimiento respectivo”, dice la notificación enviada a Santos el pasado 20 de agosto.

Hasta ahora en el caso de la EPS más grande y exitosa del país solo se conocen los resultados de las autoridades en contra de Palacino, por supuestamente haber desviado recursos destinados para la salud, en la inversión de empresas subsidiarias de Saludcoop que nada tenían que ver con la prestación del servicio a los afiliados. La Fiscalía también capturó el 26 de octubre de 2018 al exagente interventor de la Superintendencia, Guillermo Grosso, por una aparente alianza corrupta con una exfuncionaria de la Superintendencia para cobrar dinero a varias clínicas y EPS a cambio de dilatar sanciones de la entidad. Pero solo la Contraloría lo ha declarado responsable fiscal por más de $ 100.000 millones de pesos en la inversión de recursos públicos que tenían que ser invertidos en atención.

Ningún otro personaje ha sido responsabilizado por la pérdida millonaria de recursos que llevó a una crisis histórica en el sistema de salud y que concluyó en el traslado de los afiliados de Saudcoop a Cafésalud, entidad que no aguantó el número de pacientes y tuvo que ser vendida a un grupo de empresarios que compraron por 1,2 billones la operación para construir una nueva empresa de salud llamada Medimás. Esta última también atraviesa una difícil situación con investigaciones de los entes de control y ha venido perdiendo afiliados por decisiones de la Superintendencia y por cambios voluntarios de los atendidos.

El entonces secretario de Transparencia de Presidencia, Camilo Enciso, respondió en su momento que la Presidencia realizó una reunión en el 2017 para coordinar reacciones de las autoridades competentes. Sin embargo, la gran pregunta es por qué la Superintendencia que responde directamente a Presidencia y al Ministerio no tomó las medidas correspondientes para detener los hechos que, hoy se acusa, causaron detrimento y la fuga masiva de recursos para particulares. Y si ningún alto funcionario del gobierno se dio cuenta de lo que estaba sucediendo.