Se abrirá un nuevo proceso de licitación para contrato de expedición de pasaportes

Luego de declararse la urgencia manifiesta para poder adjudicar el millonario contrato para la expedición de pasaportes a dedo, la Cancillería anunció que se abrirá nuevamente un proceso de licitación.

"El Fondo Rotatorio del Ministerio se propone contratar directamente y de inmediato el suministro, la formalización, la custodia y la distribución de libretas de pasaportes y etiquetas de visas a precios fijos unitarios sin fórmula de reajuste", indicó la Cancillería en un comunicado.

El contrato será celebrado en forma directa y "dentro del marco legal de la Urgencia Manifiesta declarada mediante la Resolución Ministerial no 7541 del 14 de septiembre de 2023".

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Igualmente, la Cancillería indicó que tras haber sido declarada desierta la licitación pública, "se procederá de inmediato a la apertura de un nuevo proceso licitatorio".

Adicionalmente, el Gobierno anunció públicamente que las personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras que acrediten experiencia y capacidad logística, técnica y financiera, pueden pedir información en el correo electrónico: licitacionpasaportes2023@cancilleria.gov.co

La medida de urgencia manifiesta regirá por un término de 12 meses "para garantizar la prestación del servicio público de "suministro, formalización y prestación y personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica", que resulte necesario e impostergable", señala la resolución conocida por RCN Radio.

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El ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, rechazó el recurso legal que interpuso la unión temporal de la que hace parte Thomas Greg & Sons, y mantuvo en firme la decisión de declarar desierta la licitación para la elaboración de pasaportes en el país.

Así mismo, se acudirá a la “urgencia manifiesta” para hacerle frente a una posible contingencia por este tema.

Por su parte, la firma demandará a la Cancillería por “daños y perjuicios”, por una cifra entre $80 y $100.000 millones, según señaló una fuente del proceso.