Servicios públicos tendrán importante cambio en agosto: ya no le llegarían a la puerta de su casa
En mayo de este año, la DIAN emitió una resolución que obligaba a las empresas de servicios públicos realizar un cambio en su facturación.
En 2018, Colombia inició la transición hacia la facturación electrónica como medida para combatir la evasión fiscal y formalizar las transacciones ciudadanas. La implementación de la facturación electrónica se ha llevado a cabo por sectores. Inicialmente, la industria y el comercio formal fueron los pioneros, seguidos por los restaurantes y pequeños comercios. Ahora, el turno ha llegado para las empresas de servicios públicos.
Desde cuándo emitirán los recibos públicos en facturas electrónicas
En mayo de este año, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) emitió la Resolución 008 de 2024. Esta normativa obliga a las empresas de agua, luz, gas y telecomunicaciones a generar y transmitir electrónicamente el documento equivalente a la factura, sustituyendo así el tradicional recibo de papel. La fecha límite para esta transición es el 1 de agosto.
Lea también: Minminas será llamado a control político por tarifas energía
Óscar Mauricio Moreno, cofundador de F&M Technology – E-Bill, una empresa con más de 13 años en el mercado de la facturación electrónica, explicó en el medio Portafolio que las empresas de servicios públicos deberán emitir y enviar facturas electrónicas a sus clientes mediante medios digitales.
Preparativos y pruebas pilotos
Para cumplir con este requisito, las empresas del sector de servicios públicos cuentan con un periodo de habilitación y estabilización de sus sistemas. Durante este tiempo, pueden llevar a cabo pruebas piloto, desarrollar soluciones internas o contratar servicios especializados para garantizar el correcto funcionamiento de sus sistemas y la transmisión de los documentos conforme a las directrices de la DIAN.
Considerando que los servicios públicos son de consumo masivo, es crucial que estas empresas desarrollen opciones accesibles para toda la población, incluidos aquellos sin acceso a medios electrónicos. Esta adaptación es esencial para asegurar una transformación digital inclusiva y la formalización económica.
Según Moreno, las facturas electrónicas deben incluir una descripción detallada de los bienes y servicios, descuentos, opciones de financiación, subsidios y otros cargos asociados. Los clientes, por su parte, deberán proporcionar su nombre, documento de identidad y correo electrónico.
De interés: Nuevo incremento en tarifas de energía en Colombia
Además de cumplir con las normativas legales, las empresas de servicios públicos que implementen la facturación electrónica podrán aprovechar beneficios como la deducción de impuestos y la generación de un historial crediticio favorable, fortaleciendo así su posición en el mercado y contribuyendo a la transparencia y control financiero.
Moreno concluye subrayando la importancia de prever y abordar los desafíos asociados a la implementación de la facturación electrónica, especialmente en áreas rurales sin conectividad a internet. Para estas regiones, las empresas pueden usar mecanismos de contingencia, como software en computadoras de escritorio o la generación de facturas físicas con códigos proporcionados por la DIAN.
En situaciones donde los usuarios rechacen las facturas electrónicas debido a la falta de acceso a internet o conocimientos técnicos, las empresas deberán continuar entregando la factura impresa en el domicilio, incluyendo el Código Único de Factura Electrónica (CUFE) y un código QR para asegurar la accesibilidad de todos los usuarios.