Superservicios abre investigaciones contra varias empresas de servicios públicos

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios informó este viernes que dio inicio a averiguaciones preliminares contra las empresas Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P. (Cedenar), Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. y Gases del Caribe S.A. E.S.P. (Gascaribe), para establecer si hubo irregularidades en la facturación de los servicios públicos durante la etapa de cuarentena. 

En los casos de Gascaribe y Alcanos, la averiguación preliminar, en cada caso, pretende determinar si hubo presuntas irregularidades en la medición del consumo, en la liquidación de la factura y en la aplicación de la opción tarifaria contemplada en la Resolución CREG 048 del 7 de abril de 2020.

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Los usuarios afectados serían los de los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, y Tolima en los que presta su servicio Alcanos, y de los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, y Magdalena en los que presta su servicio Gascaribe.  

Por otro lado, la averiguación preliminar contra Cedenar tiene como fin establecer presuntas irregularidades en la medición del consumo, en la liquidación de la factura y en la información contenida en la misma; a raíz de la llegada a la Superintendencia de, al menos, 159 reclamos y denuncias presentadas por usuarios contra la empresa que presta sus servicios en el departamento de Nariño.  

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“Desde la Superservicios hemos estado atentos a los reclamos de los usuarios. Ante las denuncias de la ciudadanía y comunicaciones de autoridades locales iniciamos estas averiguaciones preliminares, que se constituyen en la primera etapa que la ley establece para determinar si existen razones para abrir un procedimiento sancionatorio contra los prestadores. En caso de encontrar razones para hacerlo, la Superintendencia dará apertura a las investigaciones administrativas, conforme al marco legal que nos rige”, indicó la Superintendente, Natasha Avendaño García. 

En este sentido, la entidad deberá establecer si los hechos denunciados ocurrieron, si constituyeron faltas a la regulación o si los prestadores están amparados en alguna norma o disposición legal que se los haya permitido.