Thomas Greg permanecería en el proceso de pasaportes como asesor del Gobierno Nacional

Finalizó la primera sesión de las mesas técnicas en la que la compañía Thomas Greg y la Cancillería iniciarían los acercamientos para establecer un camino con el objetivo de garantizar prestación del servicio de expedición de pasaportes a partir del 3 de octubre, fecha en la que se vence el contrato vigente. 

Tras la reunión, el procurador Ramiro Escandón, delegado para la conciliación administrativa, dio a conocer que ambas partes buscan los mecanismos para permitir que siga con el servicio con normalidad pues Thomas Greg seguiría emitiendo el documento en calidad de asesor del Gobierno Nacional mientras el nuevo operador estructura las capacidades. 

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“Mediante la posibilidad de que Thomas Gregg asesore al gobierno en la implementación del nuevo modelo, y en ese asesoramiento quien va a asumir el nuevo modelo se integre a esa forma, Thomas Gregg le dirá cómo, y entonces ese nuevo operador, que puede ser un órgano internacional, entrará a hacer la operación, apoyando al gobierno en ese tema”, aseguró el funcionario.

El procurador mencionó que el Gobierno tiene interés en que Thomas Greg asesore al nuevo contratista durante el proceso de transición, pero aclaró que hay varios puntos que están explorando para garantizar que una vez se venza el contrato actual, no haya afectaciones del servicio. 

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“El interés del Gobierno, es que Thomas Gregg los apoye y asesore en el proceso de transición hacia el nuevo modelo que propone el gobierno. Son algunas de las exploraciones que se están haciendo, pero yo más bien lo que quisiera decirles es que el camino que se está buscando es precisamente que el 3 de octubre haya garantía de la prestación de ese servicio”, aseguró el funcionario. 

Escandón afirmó que la Procuraduría ha planteado varias inquietudes con respecto al procedimiento actual, pero la Cancillería explicó que se trata de un nuevo modelo que no tiene relación con lo sucedido con la primera licitación que se declaró desierta y que generó una investigación disciplinaria a Álvaro Leyva. 

“La primera delegada de la Función Pública ha planteado varias inquietudes sobre la forma como se ha surtido todo este procedimiento. Entonces, Cancillería explica que, por supuesto, este es un nuevo modelo y que la implementación de ese nuevo modelo implica ciertas decisiones que no tienen nada que ver con lo que ocurrió anteriormente”, añadió el Procurador.

Las partes deberán estudiar los mecanismos adecuados para dar una solución a la controversia y volverán a reunirse el próximo 29 de agosto para dar a conocer dichas herramientas jurídicas que podrían implementar.