Transparencia Internacional alerta por la concentración de poder en la presidencia de Colombia

De acuerdo con Transparencia Internacional y Transparencia por Colombia, hay una creciente concentración del poder en la presidencia de Colombia, "en detrimento de las otras ramas del poder y de las libertades ciudadanas". 

Esto estaría aumentado en los últimos meses debido, entre otras cosas, a "la creciente cercanía del gobierno a las mayorías en el Congreso" y también a la pandemia del coronavirus, pues tras haber decretado el estado de emergencia económica, "lo convirtió en legislador transitorio". 

Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional, indicó que en estos meses de crisis sanitaria en el mundo "se ha identificado una tendencia de aumento de la discrecionalidad del poder ejecutivo en muchos países", pero en nuestro país, además de eso, se suma "que el sistema de pesos y contrapesos en Colombia se vea afectado también por cuestionamientos a la independencia de instituciones que precisamente deben vigilar y controlar su acción”. 

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En ese mismo sentido, Transparencia Internacional identificó "un debilitamiento de las autoridades descentralizadas locales frente al gobierno central", y se alerta con preocupación "el riesgo de pérdida de autonomía de los órganos que deben ejercer control sobre el ejecutivo", refiriéndose claramente a las designaciones de Francisco Barbosa para dirigir la Fiscalía General, Margarita Cabello, la Procuraduría General, y Carlos Camargo, la Defensoría del Pueblo; todos afines al gobierno del presidente Duque. 

Transparencia por Colombia también destacó "irregularidades en el uso de recursos públicos" en este tiempo de pandemia y de "decisiones cuestionables sobre la ayuda directa a grandes empresas", destaca, según el comunicado de la organización, su Director Ejecutivo Andrés Hernández.

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Desde Transparencia Internacional, Delia Ferreira reiteró que “la discrecionalidad de los poderes ejecutivos en medio de la pandemia y para los procesos de reactivación económica, no son cheques en blanco para el uso de recursos públicos ni para decisiones fundamentales sobre el funcionamiento de la democracia”.