Violencia en Norte de Santander deja 80 muertos y mantiene confinados cuatro municipios

En entrevista con RCN Radio Luis Fernando Niño, alto consejero de paz de Norte de Santander señaló que la situación en el departamento se agrava cada día más, los enfrentamientos entre disidencias y el ELN dejaron un saldo de 80 personas asesinadas, 145 desplazados refugiados en bases militares y cuatro municipios confinados: El Tarra, San Pablo, San Juan y Calama.

“La situación es dramática. Algunas comunidades están siendo cazadas literalmente y muchos no pueden salir de sus municipios pese a las amenazas”, afirmó Niño.

Hasta el momento, la Gobernación y la Fuerza Pública habilitó albergues humanitarios en Ocaña y Cúcuta, pero gran parte de la población sigue atrapada en zonas de conflicto.   

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En La Gabarra, emblemático municipio de la región del Catatumbo, el Ejército Nacional alberga a 145 personas, incluyendo niños, que no pueden ser evacuados por tierra debido al riesgo de enfrentamientos. Operaciones humanitarias aéreas, con apoyo de empresas privadas, evacuaron heridos y 25 menores de entre tres y nueve años.  

Sin embargo, Niño señala que no se logró establecer un corredor humanitario debido a la negativa de las partes en conflicto de permitir el ingreso de misiones médicas y organizaciones internacionales.   

El Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, evalúa la declaración de un estado de conmoción interior para Norte de Santander. Esta medida permitiría agilizar recursos y reforzar la presencia militar en zonas críticas como: Convención, Tibú, El Tarra y Cúcuta.  

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El consejero destacó que las ayudas humanitarias comenzaron a llegar en un avión cargado con 20 toneladas de alimentos y artículos de primera necesidad partió de Catam hacia la región. Adicionalmente, se busca proteger a firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, quienes también fueron víctimas de amenazas y asesinatos.   

Luis Fernando Niño pidió a la comunidad nacional e internacional visibilizar la crisis del Catatumbo, una región históricamente marcada por el abandono estatal. “Esta emergencia no es solo humanitaria, también es estructural. Se necesita inversión urgente en hospitales, carreteras y servicios básicos que permitan garantizar condiciones dignas a la población”.  

La Fuerza Pública y el Ministerio de Defensa permanecen en la zona coordinando operativos y monitoreando las condiciones en los municipios confinados. Entretanto, las comunidades esperan que el Gobierno actúe con rapidez, para frenar la crisis y garantizar su seguridad.