Olímpicos de Río de Janeiro, con dudas tras la sanción a Dilma Rousseff

 

Desde todos los estamentos responsables de la organización, desde el Comité Olímpico Internacional (COI) hasta las autoridades locales, se ha insistido en que el proceso destituyente contra la ahora presidenta apartada, Dilma Rousseff, no tendrá repercusión en los Juegos. Sin embargo, las ramificaciones de la crisis política pueden alimentar protestas de los partidarios de Rousseff, que pueden usar el escaparate de los Juegos para dar visibilidad a su lucha contra el proceso de destitución que consideran un "golpe" de Estado encubierto.

 

El presidente del Comité Organizador de Río 2016, Carlos Arthur Nuzman, admitió recientemente que sería preferible un escenario sin crisis, aunque descartó que ésta tenga repercusión en los Juegos, una posición compartida por el COI. La crisis política ha llevado a Brasil a tener tres ministros de Deporte en un par de meses, después de que el pasado marzo, en medio de la desbandada de partidos que apoyaban al Gobierno de Rousseff, renunció el titular de esa cartera, George Hilton, y fue sustituido por Ricardo Leyser, quien con toda probabilidad perderá el cargo por el ministro que decida nombrar Temer.

 

Según la directora de la comisión de coordinación del COI para los Juegos de Río, Nawal El Moutawakel, la crisis política "no está causando impacto porque las instalaciones se han entregado a tiempo" y porque los preparativos se encuentran en la "fase operacional", en la que el Gobierno brasileño ya no tiene responsabilidades.

 

A pesar de todas estas manifestaciones de confianza, el propio Temer se vio obligado a transmitir al COI un mensaje de tranquilidad, para lo que usó de intermediario al alcalde de Río, Eduardo Paes. Temer le comunicó al COI que mantendrá todos los compromisos asumidos por el Gobierno de su predecesora para los Juegos de Río, según reveló alcalde en una reciente entrevista. El analista José Mathias-Pereira, de la Universidad de Brasilia (UNB), dijo a Efe que Temer puede servirse de los Juegos para "vender la imagen" de que Brasil "está volviendo a sus ejes".

 

"El Gobierno va a hacer que la fiesta olímpica transcurra en clima de normalidad, porque eso ya está comprometido. Temer sabrá conducir eso y crear las condiciones necesarias", comentó. Temer será el anfitrión de cerca de un centenar de jefes de Estado y de Gobierno durante la ceremonia de inauguración, que tendrá lugar en el estadio carioca de Maracaná el 5 de agosto y que será su puesta de largo en el escenario diplomático internacional.

 

En esa ceremonia podrían ausentarse los presidentes de países "bolivarianos", que están alineados ideológicamente con Rousseff y a los que ahora Temer planea darles la espalda. Mathias-Pereira advirtió de que "no hay dudas" de que los seguidores de Rousseff tratarán de mantener viva la llama de sus reivindicaciones para tratar de "convencer al escenario internacional" de que ha sido apartada por medios ilegítimos, aunque según él, hasta ahora ese mensaje no ha calado en el extranjero.

 

En las últimas semanas, los movimientos sociales de izquierdas, entre ellos los campesinos sin tierra y los "sin techo", han realizado una serie de protestas contra el proceso de destitución, que han incluido la ocupación de fincas rurales y la obstrucción de carreteras, y prometen mantenerse movilizados contra el nuevo Gobierno.

 

Los responsables de seguridad de Río 2016, desde el inicio de su planificación olímpica, contemplaron entre los posibles riesgos las eventuales protestas que podrían producirse durante los Juegos. Las fuerzas de seguridad ya tienen la experiencia de las protestas que ocurrieron durante la Copa Confederaciones de fútbol de 2013, cuando hubo marchas antigubernamentales multitudinarias en todo el país y se registraron disturbios antes de cada partido.

 

Pero las protestas supondrán una carga adicional para un aparato de seguridad que se tiene que emplear a fondo en el combate a las bandas armadas de narcotraficantes que operan en las favelas y que además está sumido en una grave crisis por las dificultades financieras que atraviesa el Gobierno de Río de Janeiro, que no consigue pagar los salarios de los policías en día.

 

El secretario de seguridad de Río, José Mariano Beltrame, reconoció este miércoles en una entrevista a O Globo que, debido a la crisis, se podría reducir hasta en un 50 % el contingente de la Fuerza Nacional de Seguridad, que fue convocado para apoyar a la policía de Río. La Fuerza Nacional es un cuerpo de elite integrado por agentes de todos los estados del país, que son reticentes a ceder a sus policías por sus propios problemas financieros, algo que según Beltrame "va a comprometer el plan estratégico de seguridad de las Olimpiadas".