AmCham, preocupada por modificación al TLC entre Colombia y EE. UU.

Luego de que el Gobierno anunciara cambios en la nota interpretativa del TLC con Estados Unidos para definir algunas diferencias en materia de inversión, la Cámara Colombo Americana, AmCham, mostró su preocupación frente a esta decisión. 

La presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, expresó su posición, enfatizando en que los gobiernos debieron seguir con el protocolo establecido en el acuerdo. 

"Los cambios en las definiciones del Capítulo 10 del TLC representan modificaciones sustanciales al texto del acuerdo y debieron haber seguido el procedimiento establecido tanto en el acuerdo comercial como en la Sentencia C-252 de 2019 de la Corte Constitucional de Colombia", dijo Lacouture. 

En contexto: Colombia y Estados Unidos firmaron nota interpretativa del TLC para aclarar disputas de inversión

Para AmCham, la preocupación radica en que posiblemente hubo una extralimitación por parte de los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos en cuanto a la interpretación de dicha nota del Tratado de Libre Comercio. 

Entre los puntos que destaca la entidad, está la "restricción del acceso al arbitraje internacional, pues limita el derecho de los inversionistas extranjeros a impugnar decisiones judiciales locales que podrían ser injustas o inconsistentes con el TLC". 

Además, enfatiza en la "eliminación de expectativas legítimas como criterio de trato justo y equitativo, lo que reduce la seguridad jurídica y permite que los Gobiernos cambien reglas sin otorgar garantías previas a los inversionistas". 

Otro de los puntos que preocupa está enfocado en el capítulo ambiental, pues explica que los gobiernos podrán implementar medidas de regulación ambiental que puedan afectar el valor de las inversiones. 

Adicional a ello, la AmCham denuncia que "estos cambios no fueron sometidos a consideración de los Congresos ni, en el caso de Colombia, al control constitucional, lo que vulnera la Sentencia C-252 de 2019". 

La entidad también hace referencia a los impactos que tendría esta decisión sobre Colombia, en donde destaca una creciente incertidumbre para los inversionistas extranjeros, situaciones judiciales que no se podrían ser impugnadas en tribunales internacionales y afectaciones en la generación de empleos.