Fenalco pide a municipios suspender ley seca

A través un carta enviada a los alcaldes de los municipios de Funza, Madrid, Mosquera, El Rosal, Bojacá, Facatativá, Subachoque y Zipacón, quienes en los últimos días han decretado ley seca en sus jurisdicciones, Fenalco seccional Bogotá advirtió que esta medida es lesiva para el comercio, ya que se suma a los perjuicios y desplome de las ventas por cuenta de la emergencia sanitaria.

El gremio mencionó en la misiva que tanto la industria como el comercio tributan al Estado y, al tratarse de bebidas alcohólicas, su destino es precisamente la financiación de programas sociales y de salud, los cuales son prioritarios ante la emergencia que enfrenta el país por cuenta del coronavirus.

Según el presidente del gremio, Juan Esteban Orrego, “si bien el decreto expedido por el Gobierno en medio de la emergencia sanitaria prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en espacios abiertos y establecimientos de comercio, no queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes “.

En ese sentido, Orrego instó a los alcaldes a poner más restricciones de las que ya hay por cuenta de la emergencia sanitaria, “necesitamos trabajar para evitar una crisis humanitaria”.  

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Estudio

Es de mencionar que un reciente informe de la Asociación de Instituciones Financieras (Anif) estima que una eventual ley seca en Colombia —durante la emergencia del coronavirus— podría derivar en una pérdida para el comercio de hasta $1,4 billones cada mes.

Igualmente, el estudio calcula que los departamentos colombianos —que reciben cerca de $5 billones anuales por concepto de impuestos al licor— dejarían de ingresar entre $216.000 y $431.000 millones mensuales.

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 Cabe mencionar que la gran encuesta integrada de hogares, realizada por el Dane, reveló que la industria y la comercialización de licores genera alrededor de 120.000 empleos con remuneración, de los cuales 85.000 son asalariados y 35.000 son trabajadores por cuenta propia.

Los trabajadores independientes serían los más afectados ante dicha medida que acabaría con cerca de 33 mil empleos, que se traduciría en una pérdida mensual de ingreso para los hogares de cerca de 30.000 mil millones de pesos, según detalló Anif.