Superfinanciera le ordena a Winext Business suspender captación de dinero

La Superintendencia Financiera de Colombia ordenó a la sociedad Winext Business S.A.S. y a sus representantes legales Óscar Fabián Aguirre Parra, Gustavo Antonio Latorre Rúa y Malory Alejandra Cepeda Carrillo, la suspensión inmediata de las actividades de captación no autorizada de dineros del público.

Adicionalmente, con la medida adoptada tanto la sociedad como sus representantes legales quedan impedidos para realizar en adelante operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros de público, en forma masiva y usando cualquier modalidad, ya sea directamente o por medio de otras personas naturales o jurídicas.

La orden impartida por la Superfinanciera se da luego de establecer que la sociedad Winext Business S.A.S., por intermedio de sus representantes legales, asumió pasivos con al menos 28 personas por un total de $477.295.318 sin que hubiese a cambio la entrega de un bien o servicio, superando además el 50% de su patrimonio líquido, con lo cual se configuró la captación ilegal.

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Adicionalmente, prometía devolver el capital y pagar en unas fechas determinadas los rendimientos acordados, los cuales oscilaban entre el 2.5% y el 15% mensual dependiendo del monto entregado. Estas obligaciones las garantizó suscribiendo pagarés y certificados de deuda a nombre de cada una de las personas de las que recibió dinero, pasivos que continúa adeudando a la fecha.

La Superfinanciera también ordenó a la sociedad Winext Business S.A.S. y a sus representantes legales devolver la totalidad de los dineros que captaron masivamente sin autorización. Cabe mencionar que la medida contra dicha sociedad y sus representantes legales es únicamente respecto de los recursos del público captados o recaudados masivamente en forma no autorizada y no afecta la actividad lícita que desarrollen.

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La Superintendencia Financiera remitió copia de la medida, entre otras autoridades, a la Superintendencia de Sociedades para la correspondiente intervención administrativa y a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se adelanten las investigaciones en materia penal.