Vendedores informales serán carnetizados

El presidente Iván Duque presentó oficialmente la ley del vendedor informal, normativa que dotará de protección social y laboral a ese gremio.

El mandatario en su declaración reconoció que la normativa no solucionará milagrosamente la situación de los vendedores informales, pero afirmó que son los primeros pasos para proteger a ese gremio.

“Esto no tiene soluciones milagrosas, pero empieza un proceso coherente, creíble, escalonado, con justicia social. Queremos llegarle a ese ciudadano, pero el trabajo que se realice con los gobiernos locales y departamentales es clave en este proceso que ya empezó”, sostuvo Duque.

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“Invitamos a los gobernantes locales para que se habiliten espacios, para que se pueda pagar por el espacio con una suma moderada, inclusive pueden apoyarla, pero es para avanzar en una transición, en el mundo hay ciudades que ya vienen trabajando en eso”.

Sobre las herramientas que tiene la ley se establecer que los vendedores informales deberán ser carnetizados, según el gobierno para mejorar la identificación de esa población en el espacio público.

“La política pública establecerá la carnetización de los vendedores informales para facilitar su identificación en el espacio público. Las organizaciones de vendedores informales legalmente constituidas podrán realizar la veeduría a la carnetización”, dice uno de los apartes de un documento del Gobierno Nacional.

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También añade el documento: “La Ley ordena establecer programas y proyectos encaminados a garantizar el mínimo vital y la subsistencia en condiciones dignas de esta población, para lo cual se deben implementar alternativas de trabajo formal para vendedores ambulantes. De la misma forma, permite desarrollar programas de capacitación a vendedores informales en diversas artes u oficios a través del Servicio Nacional de Aprendizaje”.

Además, establece que “el Gobierno nacional en cabeza del Ministerio del Trabajo y del Ministerio de Salud y Protección, posibilitará la vinculación de vendedores informales con ingresos inferiores a un salario mínimo mensual vigente a los diferentes mecanismos de protección social, disponibles para esta población, en particular en materia de salud y protección a la vejez, sin perjuicio de Ia temporalidad”.