Bernardo Arévalo, presidente electo de Guatemala, y su denuncia de "un golpe de Estado a cámara lenta"

La Corte Suprema de Justicia de Guatemala rechazó este miércoles un recurso que interpuso el presidente electo, Bernardo Arévalo, contra la decisión de tres funcionarios judiciales que ordenaron el allanamiento de un centro electoral y la apertura de cajas con sufragios.

"Por mayoría la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió no decretar" el recurso de amparo presentado por Arévalo el 13 de septiembre, al considerar que se cometieron violaciones a la ley electoral, dijo un juez del alto tribunal, Leonel Marroquín.

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Arévalo presentó el recurso buscando que la Corte dictara medidas para proteger los resultados electorales, pues consideró que, con el allanamiento y la apertura de cajas de votación, se amenazó "el principio de pureza del proceso electoral, el derecho a elegir y ser electo y a la secretividad del voto".

El recurso, interpuesto contra la fiscal general Consuelo Porras, el juez Fredy Orellana y el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, es parte de varias acciones legales con las que Arévalo busca frenar lo que considera un plan de "golpe de Estado" orquestado para evitar que asuma el poder el próximo 14 de enero.

Con el aval de los fiscales y del juez, funcionarios del Ministerio Público (MP, Fiscalía) allanaron el 12 de septiembre el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (Cope) y abrieron varias cajas con votos emitidos en la primera vuelta de junio pasado.

Los tres funcionarios judiciales han emprendido una cruzada contra los resultados de las elecciones generales, contra el partido Semilla de Arévalo y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Arévalo, de 64 años, ganó sorpresivamente la segunda ronda electoral del 20 de agosto para asumir la presidencia de un país acosado por la corrupción rampante, la impunidad, la violencia de las pandillas y la pobreza.

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Ganó frente a la exprimera dama Sandra Torres, cercana al oficialismo y a la poderosa élite empresarial aliada del gobierno, la que según analistas está alarmada ante la promesa de Arévalo de luchar contra la corrupción.

El presidente electo buscaba "garantizar la pureza del proceso electoral, proteger la declaración de resultados, especialmente  proteger el material electoral", afirmó a la AFP el jurista Edie Cux, director de la onegé Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional.

Cux consideró que con la denegatoria del amparo "la Corte Suprema no garantiza los derechos vulnerados, no da solución ni certeza jurídica de la protección de los derechos constitucionales del voto y resultados electorales".

La Corte "evade la responsabilidad de continuar con el trámite, no da una solución a toda la crisis que se está generando por esa violación que ha cometido el Ministerio Público al vulnerar el material electoral", puntualizó.

Por tercer día consecutivo, indígenas bloquearon este miércoles varias rutas de Guatemala para exigir la renuncia de Porras, a quien acusan de liderar el supuesto golpe de Estado.

Los bloqueos iniciaron el lunes luego de que fueron allanadas la sede del tribunal electoral para secuestrar actas de los comicios.

"Lo que veo ahora parece un golpe de Estado a cámara lenta", afirmó el martes Arévalo en inglés, durante un foro no partidista en el Wilson Center, en Washington.

Las acciones de Porras, Orellana y Curruchiche, incluidos en una lista de "actores corruptos" y antidemocráticos de Estados Unidos, han provocado preocupación y rechazo internacional.

La Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE) y organizaciones internacionales advirtieron que se está atentando contra la democracia y la gobernabilidad de Guatemala.

El mandatario electo es hijo de Juan José Arévalo, primer presidente democrático de Guatemala (1945-1951).

Por Edgar Calderón-AFP