Cinco miembros del Clan del Golfo fueron incluidos en la Lista Clinton

Este martes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en la Lista Clinton a cinco ciudadanos colombianos y dos empresas mexicanas, en conformidad con la Orden Ejecutiva 14059, que busca combatir el comercio global de drogas ilícitas. Los colombianos sancionados son líderes del Clan del Golfo (CDG), una de las principales organizaciones de narcotráfico en Colombia, vinculada al tráfico de personas en el Tapón del Darién. Las empresas mexicanas están relacionadas con el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones responsables del tráfico de fentanilo a Estados Unidos.

“El presidente Biden y la vicepresidenta Harris están comprometidos a utilizar todas las herramientas disponibles para combatir a los cárteles que están envenenando nuestras comunidades con fentanilo y otras drogas letales”, declaró el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo. Además, destacó que la acción también apunta a la red del CDG, que facilita el tráfico de migrantes hacia la frontera sur de EE.UU.

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Las sanciones fueron el resultado de una estrecha colaboración entre la Policía Nacional de Colombia, la DEA y las autoridades mexicanas, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera. La visita de la directora interina de la OFAC, Lisa Palluconi, a Colombia y México reforzará aún más los lazos regionales en la lucha contra el narcotráfico.

El Clan del Golfo y sus líderes

El Clan del Golfo, que fue identificado como un narcotraficante extranjero importante bajo la Ley Kingpin en 2013, ópera desde su bastión en Urabá, Colombia. Desde ahí, trafican toneladas de cocaína hacia Panamá, México y otros países de Centroamérica.

Entre los sancionados están: Wilder de Jesús Alcaraz, alias "El indio"; Alexander Celis Durando, alias "Bayron"; José Emilson Córdoba, alias "Negro Perea", José Miguel Demoya Hernández, alias "Chirimoya", y José Gonzalo Sánchez, alias "Gonzalito".

Demoya Hernández, prófugo de la justicia en Colombia y EE.UU., fue acusado en agosto de 2023 por tráfico de cocaína en el Distrito Sur de Florida. Celis Durango, jefe financiero del CDG, fue arrestado en 2023 y enfrenta cargos de tráfico de drogas en EE.UU., mientras que Sánchez Sánchez es considerado el segundo al mando del CDG.

Por su parte, Córdoba Quinto y Alcaraz Morales son responsables del control de flujos migratorios y transporte de drogas en el Darién, una selva que conecta América del Sur con Centroamérica, siendo una zona crucial para el tráfico de personas y armas. Las autoridades colombianas han ofrecido una recompensa por su captura, mientras que el Departamento de Estado de EE.UU. emitió recompensas por información que ayude a desmantelar esta red.

Impacto de las sanciones

Como resultado de estas sanciones, todos los bienes e intereses en propiedades de las personas designadas en Estados Unidos quedan bloqueados, y se prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con ellos. Las sanciones también afectan a las entidades que sean propiedad de más del 50% de las personas sancionadas.

Estos forman parte de un esfuerzo más amplio del gobierno estadounidense para combatir el tráfico de drogas, que ha causado la muerte de miles de estadounidenses. Además, el Tesoro sigue reforzando su cooperación con otros países para combatir el lavado de dinero relacionado con el narcotráfico, un problema que también aborda la Fuerza de Ataque Contra el Fentanilo, creada el año pasado.

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La colaboración internacional es fundamental para desmantelar estas redes criminales. Durante su visita a México, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, anunció el inicio de una cooperación con China para combatir el lavado de dinero asociado al tráfico de drogas.

La OFAC ha destacado que las sanciones no solo tienen como objetivo castigar, sino generar un cambio en el comportamiento de las personas sancionadas. Las empresas y personas afectadas tienen la opción de solicitar ser eliminadas de la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la OFAC, una medida que busca incentivar la cooperación con las autoridades y la rectificación de conductas ilícitas.