Colombia y Grupo de Lima condenan detención irregular de Juan Guaidó

Por medio de un comunicado la Cancillería de Colombia aseguró que la Asamblea Nacional es el único órgano elegido conforme a la constitución del venezolana y a su vez rechazó este tipo de actos del régimen de NIcolás Maduro.

“Colombia condena vehementemente el secuestro, por unas horas, del diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, único órgano legítimo y constitucionalmente elegido en Venezuela, perpetrado en la mañana de hoy por miembros del SEBIN, policía política del régimen de Nicolás Maduro”, indica el comunicado.

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De igual manera indicó que en ese sentido que “Colombia rechaza todo acto del régimen de Nicolás Maduro en contra de la libertad, la seguridad y la integridad de los miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela”.

En dicha comunicación también se establece que solo con el restablecimiento del orden constitucional, Venezuela volverá a vivir nuevamente en democracia.

“Colombia reitera su reconocimiento a la Asamblea Nacional de Venezuela y seguirá apoyando el restablecimiento del orden constitucional en ese país, condición imprescindible para que todos los venezolanos puedan volver a vivir en democracia y libertad”, concluyó.

El Grupo de Lima también cuestionó rotundamente los hechos ocurridos este fin de semana en medio de una vía cercana a la capital, Caracas.

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Los gobiernos integrantes del Grupo de Lima, “condenan la detención arbitraria de la que fue objeto, por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional -SEBIN, el Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, diputado Juan Guaidó, en la mañana de hoy”.

Los miembros de la agrupación regional, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía,calificaron los hechos como graves.

“Expresan su más contundente rechazo a cualquier acción que afecte la integridad física de los miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela, de sus familias y colaboradores, y frente a cualquier presión o coacción que impida el pleno y normal ejercicio de sus competencias como órgano constitucional y legítimamente electo en Venezuela”, concluye el comunicado de la organización.