EE. UU.: Corte frena plan de Trump para deportar migrantes otra vez

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ordenó este sábado en la madrugada la suspensión temporal de las deportaciones de un grupo de migrantes venezolanos detenidos en Texas, en un caso que se desarrolla a gran velocidad y que gira en torno al uso por parte de la administración Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma del siglo XVIII pensada para tiempos de guerra.

La decisión, que congeló las acciones inmediatas del gobierno federal, fue emitida a raíz de una apelación de emergencia presentada por los abogados de los migrantes, quienes alegaron que sus representados enfrentaban una expulsión inminente del país sin haber recibido la notificación adecuada para poder impugnar legalmente sus deportaciones.

“Se ordena al Gobierno no expulsar de Estados Unidos a ningún miembro del supuesto grupo de detenidos hasta nueva orden de este tribunal”, se lee en la escueta orden emitida por la Corte Suprema, que no explicó los fundamentos de su decisión. La medida fue emitida con la disidencia explícita de los jueces conservadores Samuel Alito y Clarence Thomas.

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Los abogados —entre ellos representantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward— habían recurrido a la Corte tras una audiencia de emergencia celebrada el viernes en la noche ante el juez federal James Boasberg, en Washington, quien se mostró preocupado pero declaró que no tenía facultades para intervenir directamente en el asunto.

“Comprendo todo lo que dice, pero no creo tener la facultad de hacer nada”, dijo Boasberg durante la audiencia, en respuesta a los abogados de los migrantes que solicitaron una suspensión provisional de los planes de deportación.

Durante ese encuentro judicial, el abogado del Departamento de Justicia, Drew Ensign, admitió que no había vuelos programados, pero el Departamento de Seguridad Nacional se reservaba el derecho de proceder con las expulsiones este mismo sábado, aumentando la presión sobre el sistema judicial.

La disputa gira en torno a la aplicación por parte del expresidente Donald Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros, una herramienta legal de tiempos de guerra raramente invocada en contextos migratorios, que permitiría al Ejecutivo eludir ciertos protocolos migratorios regulares. La administración ya ha sido objeto de múltiples demandas relacionadas con el uso de esta norma.

El caso ya había llegado anteriormente a la Corte Suprema, que entonces falló que los migrantes solo podían impugnar sus deportaciones en los distritos judiciales donde se encontraban físicamente detenidos. En esta ocasión, los abogados sostienen que las notificaciones de deportación se han entregado con menos de 24 horas de antelación, lo que imposibilita un debido proceso.

“Hemos escuchado que se les está pidiendo a los hombres que se cambien de ropa”, alertó el abogado de la ACLU, Lee Gelernt, en referencia a los preparativos para la deportación. Gelernt presentó al tribunal una fotografía como prueba de la notificación recibida, y reiteró que no se les dio a los detenidos una vía clara para apelar la decisión.

Por su parte, Ensign sostuvo que la orden previa de la Corte Suprema solo exigía notificación, no necesariamente una oportunidad para impugnar. “Ciertamente, creo que la notificación es muy preocupante”, respondió el juez Boasberg, aunque aclaró: “no creo tener la capacidad para conceder la exención” solicitada por los defensores.

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La situación se volvió aún más compleja cuando el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Louisiana, emitió una suspensión administrativa de un procedimiento por desacato iniciado por Boasberg contra la administración, por presuntamente ignorar una orden judicial previa que buscaba detener la primera ronda de deportaciones en marzo.

El panorama legal continúa en desarrollo. La Corte Suprema solicitó que la administración Trump responda a la apelación una vez que el tribunal de apelaciones del Quinto Circuito tome medidas adicionales en el caso. Hasta entonces, los migrantes afectados seguirán en territorio estadounidense bajo la protección provisional del más alto tribunal del país.