El origen y las consecuencias del polémico caso 'Dieselgate'

El primer gran juicio de consumidores contra Volkswagen en Alemania empezó este lunes, con cientos de miles de clientes que reclaman una reparación por sus vehículos diésel manipúlados, cuatro años después del estallido del "dieselgate".

La primera audiencia de este juicio, que se escalonará a lo largo de varios años, empezó a las 08H00 GMT en el tribunal regional de Brunswick, a unos 30 km de la sede histórica de Volkswagen en Wolfsburgo (Baja Sajonia).

Más de 450.000 personas se inscribieron en esta acción colectiva, la primera de este tipo en Alemania, según un procedimiento adoptado en el contexto del "dieselgate".

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La asociación de consumidores VZBV, que hace las veces de demandante único, acusa al grupo automovilístico de haber perjudicado deliberadamente a sus clientes al instalar un dispositivo que hace que el vehículo parezca menos contaminante de lo que es en realidad.

El escándalo de los motores diésel manipulados empezó en Volkswagen y sacudió a todo el sector del automóvil hace cuatro años. Estas son las principales etapas.

El inicio del caso 

En septiembre de 2015, tras las acusaciones de la agencia medioambiental estadounidense (EPA), Volkswagen reconoció haber trucado 11 millones de vehículos con un programa informático capaz de manipular los resultados de los tests para que parecieran menos contaminantes.

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Las emisiones reales de óxido de nitrógeno (NOx), considerado la causa de enfermedades respiratorias o cardiovasculares, era hasta 40 veces superiores al límite legal. 

Los motores diésel emiten menos CO2 que los de gasolina pero más NOx.

El fraude afectó principalmente a la marca VW del grupo Volkswagen, pero también a otras como Porsche, Seat y Skoda.

Consecuencias jurídicas 

En Estados Unidos: Volkswagen se declaró culpable de fraude y obstrucción ante la justicia y solo la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) sigue todavía con las acciones judiciales contra el grupo.

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Nueve antiguos y actuales dirigentes del grupo fueron inculpados, entre ellos el expresidente Martin Winterkorn y dos ingenieros fueron condenados.

En 2017 la justicia aprobó la indemnización de unos 600.000 clientes, lo que lleva a más de 22.000 millones de dólares los gastos destinados a las autoridades, los clientes y los concesionarios.

Alemania: las marcas Volkswagen, Audi y Porsche pagaron en 2018 y 2019 respectivamente mil millones, 800 millones y 535 millones de euros de multa.

En septiembre, la fiscalía acusó al director actual, Herbert Diess, y al jefe de consejo de vigilancia, Hans Dieter Pötsch, por "manipulación de las cotizaciones de bolsa", junto a Winterkorn, que ya está acusado de "fraude agravado".

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El expresidente de la marca Audi, Rupert Stadler, también está a punto de ser juzgado.

En septiembre empezó un juicio con los inversores, que reclaman 9.000 millones de euros de compensaciones y acusan a Volkswagen de haber tardado demasiado en informar a los mercados financieros del fraude, que en dos días hizo caer más de un 40% las acciones.

En total hay cerca de 60.000 denuncias individuales de clientes, de las que una parte terminaron en acuerdos con la compañía.

En otros países de Europa: la fiscalía de París abrió en febrero de 2016 una investigación judicial por "fraude agravado". 

En Suiza, donde se calcula que hay unos 175.000 afectados, hay una denuncia colectiva y existe un registro en la fiscalía para inscribirse.

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Las autoridades italianas de competencia condenaron a Volkswagen en 2016 a una multa de cinco millones de euros por "prácticas comerciales incorrectas".

Consecuencias económicas 

Hasta ahora el escándalo costó al fabricante 30.000 millones de euros para revisar vehículos y hacer frente a los procesos judiciales.

En 2016, Volkswagen sufrió pérdidas anuales por primera vez en 20 años.

Desde entonces el grupo vuelve a tener beneficios récord pero últimamente tuvo que hacer grandes inversiones para la transición hacia los coches eléctricos, que afectan a su rentabilidad.

Volkswagen puso en marcha un ambicioso plan de electrificación de más 30.000 millones de euros para hacer frente a las nuevas restricciones de emisiones de CO2 en 2020.

Desde que estallaron los escándalos, las ventas de autos diésel han caído en Europa y los viejos modelos no podrán circular en muchas ciudades de Alemania.

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Los otros fabricantes 

BMW reconoció en 2018 haber equipado "por error" sus vehículos diésel con un programa informático no conforme.

El fabricante, que siempre negó haber cometido fraude, aceptó pagar a principios de 2019 una multa de 8,5 millones de euros pero la investigación penal por fraude fue archivada.

DAIMLER aceptó pagar en septiembre 870 millones de euros de multa por haber vendido vehículos diésel que no respetaban las normas anticontaminación pero niega haber utilizado un programa informático ilegal.

Todavía hay investigaciones penales, sobre todo por fraude, contra cuatro responsables de Daimler, que comercializa Mercedes Benz.

OPEL, la filial alemana de PSA, también está siendo investigada.

FIAT CHRYSLER cerró en enero un acuerdo amistoso con las autoridades estadounidenses que le acusan de haber equipado a sus vehículos con un programa informático fraudulento.