Estado venezolano usa el terror para intimidar a la población, denuncia activista

El Estado en Venezuela impone el terror violando de manera sistemática los derechos humanos, para mantener intimidada a la población, denunció este martes el activista opositor Lorent Gómez Saleh, llegado a Madrid tras pasar cuatro años encarcelado.

En su primera rueda de prensa desde que aterrizó en España el 13 de octubre y acompañado de su madre, Gómez Saleh dijo que en Venezuela "hay una política de Estado dirigida a aterrorizar, intimidar a la sociedad civil".

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"El terrorismo de Estado es un hecho. Todos los medios que puedan usar para generar pánico en la colectividad, los hacen efectivos para mantenerse en el poder, por eso hay más de 400 presos políticos en Venezuela, por eso muere tanta gente y por eso los jóvenes huyen del país", señaló.

"En este momento se está torturando gente, yo lo vi, lo viví, no me lo contaron, en mi cuerpo hay huellas", dijo el activista de 30 años, quien pasó recluido más de cuatro años en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas.

Galardonado en 2017 junto a la oposición venezolana con el prestigioso premio Sájarov para los derechos humanos que concede el Parlamento Europeo, Gómez Saleh estimó que cualquier diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y sus antagonistas para resolver la crisis política pasa "por la liberación de los presos políticos".

Ante el anuncio de la Unión Europea de explorar una solución dialogada en Venezuela, Gómez Saleh advirtió contra la posibilidad de darle "oxígeno" a Maduro, que se encuentra bajo fuerte presión internacional acusado de menoscabar la democracia en su país.

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Tomando la mano a su madre durante la rueda de prensa, Gómez Saleh dijo querer "regresar pronto" a su país. Por lo pronto, asilado en España, denunciará al gobierno venezolano en organismos internacionales.

Presidente de la oenegé Operación Libertad de defensa de los derechos humanos y democracia, Gómez Saleh estuvo detenido en Venezuela desde que fue expulsado de Colombia en septiembre de 2014 por desarrollar "actividades proselitistas" ilegales, y acusado por el gobierno venezolano de vínculos con paramilitares colombianos.

Su liberación en Venezuela y envío a España se produjo días después de que el concejal opositor Fernando Albán, acusado de participar en un ataque fallido contra Maduro, muriera mientras estaba en prisión preventiva en un incidente que causó indignación internacional.

Las autoridades dijeron que Albán se suicidó arrojándose desde el décimo piso de un edificio del Sebin, pero su familia y opositores aseguran, que fue torturado hasta causarle la muerte, tras lo cual fue lanzado al vacío.