Funeraria vendía cadáveres a universidades

La Policía española desmanteló una red que falsificaba documentos para sustraer cadáveres de hospitales y ancianatos, con el propósito de venderlos de manera ilegal a universidades. Las autoridades detuvieron a cuatro personas, incluyendo responsables y empleados de una funeraria. 

Según el informe policial, los cuatro detenidos, varones de edades comprendidas entre los 41 y 74 años, enfrentan cargos por estafa y falsificación documental. Tras prestar declaración, quedaron en libertad provisional a la espera de la decisión de un juez en la ciudad de Valencia, en la zona este de España. 

La banda comercializaba los cuerpos por alrededor de 1.200 euros, centrándose en personas fallecidas sin familiares, preferiblemente extranjeros o aquellos con condiciones de vida precarias, lo que reducía las posibilidades de que los restos fueran reclamados, según indicó la policía en un comunicado. 

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La investigación se inició a principios de 2023, cuando las autoridades tuvieron conocimiento de la retirada irregular de un cadáver de la morgue de un hospital, llevada a cabo por la funeraria mediante falsificaciones en el registro del centro médico y en la documentación proporcionada al Registro Civil. 

Los investigadores descubrieron que dos empleados de la funeraria, tras falsificar documentos, habían trasladado el cuerpo a una universidad para su estudio en lugar de darle sepultura. Este individuo debía haber sido enterrado en un servicio funerario subvencionado por el ayuntamiento de la localidad donde residía en la provincia de Valencia, pero fue vendido sin el consentimiento de ningún familiar o amigo, según la policía. 

Durante la investigación, los agentes identificaron otro caso con el mismo modus operandi, esta vez involucrando el cadáver de un residente de una casa de reposo. Posteriormente, también se detectaron irregularidades en la incineración de cuerpos supuestamente donados a la ciencia. 

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Se descubrió que la funeraria había facturado a una universidad la cantidad de 5.040 euros por once incineraciones que no figuraban en las facturas emitidas por ninguna incineradora de Valencia. Al parecer, los implicados aprovechaban la disección de los cuerpos para introducirlos en ataúdes de otros difuntos, llevando a cabo la cremación conjunta de varios cadáveres en un solo acto, lo que les permitía ahorrarse el pago por varias incineraciones y, al mismo tiempo, facturarlas a la universidad, obteniendo considerables beneficios, según fuentes policiales.