Graves denuncias contra migrantes en la frontera entre Colombia y Venezuela

A pesar que se restablecieron las relaciones comerciales, diplomáticas y de comunicación entre las autoridades colombianas y venezolanas en la frontera, defensores de derechos humanos y ONG continúan advirtiendo de la presencia de actores armados y bandas delincuenciales que siguen instigando a los migrantes en la zona.

Representantes de ONG en el Estado Táchira, en Venezuela, denunciaron que delitos como la desaparición forzada, la trata de personas y el reclutamiento de menores de edad continúan presentándose en una región, afectada por años por la presencia de actores armados que imponen sus leyes en los pasos legales e ilegales.

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Simón Gamboa, defensor de derechos humanos en la frontera, indicó que no hay una respuesta oportuna ni de las autoridades colombianas, ni venezolanas, para contrarrestar esta situación.

“Hemos visto cómo se siguen presentando delitos como el secuestro, la desaparición forzada, la trata de personas y la extorsión por parte de grupos armados y delincuenciales que han copado estos espacios sin ningún tipo de control o de acción de las autoridades”, expresó Gamboa.  

La presencia de grupos como el ELN, disidencias de las Farc, bandas criminales y delincuenciales al servicio del narcotráfico continúan teniendo influencia en las trochas ilegales entre ambos países, a pesar de que las autoridades han señalado que han retomado el control en los espacios limítrofes.

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Ante esta situación, han solicitado a las autoridades en la frontera que fortalezcan las acciones para contrarrestar los delitos que se siguen presentando y afectando a migrantes hombres, mujeres y niños, que por obligación siguen cruzando la frontera.

Por otra parte, la Fundación Progresar, en Norte de Santander, ha señalado que la desaparición forzada sigue siendo uno de los delitos que más registros tiene en la zona de frontera.

Según el más reciente informe, en lo que va corrido del presente año, más de 40 casos han sido denunciado por familiares de las víctimas, sin que haya iniciado una investigación formal por parte de las autoridades competentes.