Invalidación de candidatura de Lula obliga al PT a redefinir su campaña

Los jueces del TSE adoptaron esa decisión por seis votos a uno pocas horas antes del inicio de la campaña por televisión, que puede ser determinante para aclarar el panorama de la elección más incierta de las últimas décadas en la mayor economía latinoamericana.

El TSE prohibió realizar actos de campaña por Lula, ordenó retirar su nombre de las urnas electrónicas y dio plazo al PT hasta el 12 de septiembre para encontrarle un reemplazante.

La primera reacción del PT fue de desafío.

"Ante la violencia cometida este 31 de agosto por el TSE contra los derechos de Lula y del pueblo que quiere elegirlo presidente", el PT "seguirá luchando por todos los medios para garantizar su candidatura en las elecciones del 7 de octubre", indicó la fuerza política en un comunicado.

"Vamos a presentar todos los recursos en los tribunales"; "vamos a defender a Lula en las calles, junto al pueblo, porque es el candidato de la esperanza", agregó.

Dentro del PT, las voces preocupadas por el varapalo que pueden sufrir en las elecciones, que son también de legisladores y de gobernadores, podrían finalmente hacerse oír.

Si Haddad es designado, su compañera de fórmula será Manuela D'Avila, del Partido Comunista do Brasil (PCdoB), según un acuerdo previo entre dirigentes de ambos partidos.

Haddad dijo que el lunes por la mañana visitará a Lula en la cárcel de Curitiba donde purga una pena de doce años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero, y que por la tarde participará en mítines en Porto Alegre.

Lula, de 72 años, fue declarado culpable en julio de 2017 de beneficiarse de un apartamento en un balneario paulista, ofrecido por una constructora para obtener su mediación en contratos con Petrobras. La condena fue ratificada y ampliada en enero de este año por una corte de apelación.

En nombre de la "Ficha Limpia" 

Lula fue condenado en aplicación de la ley de "Ficha Limpia", promulgada bajo su presidencia, que impide a un condenado en segunda instancia presentarse a cargos electorales.

Sus defensores, y el juez que votó a su favor, afirmaban que un reciente pedido de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para que el líder de la izquierda pueda hacer campaña, incluso desde la cárcel, tiene carácter vinculante.

Lula, que al abandonar el poder tenía una popularidad de más del 80%, es identificado por millones de brasileños con años de crecimiento económico y de progreso social. 

Una encuesta de Datafolha le atribuyó la semana pasada 39% de intenciones de voto, 20 puntos más que el ultraderechista Jair Bolsonaro, su más inmediato seguidor. El sondeo indica además que derrotaría a cualquier adversario en una segunda vuelta.

En su ausencia, Bolsonaro iría a una segunda vuelta con la ecologista Marina Silva, una exministra de Lula, aunque su fortaleza actual podría debilitarse por el escaso espacio que tendrán en la propaganda gratuita por televisión, que se atribuyen en función del tamaño de las bancadas de los candidatos en la Cámara de Diputados.

Silva, de 60 años, afirmó en un comunicado que "a partir de la decisión del TSE, el proceso electoral podrá seguir por sus cauces legales". "Sin embargo, la justicia tiene que alcanzar aún a todos los que cometieron crímenes y que están protegidos por el manto de impunidad de los fueros especiales" de que gozan ministros y legisladores, agregó.