Luis Almagro pide que miembros de la OEA respondan a comicios "ilegítimos" en Nicaragua

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, rechazó este martes los resultados de las elecciones "ilegítimas" en Nicaragua y pidió a los países miembros que respondan a esta "clara violación de la Carta Democrática" durante la Asamblea General que inician mañana.

Almagro se pronunció en su cuenta de Twitter sobre los comicios celebrados el domingo en los que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, logró su quinto mandato y cuarto de forma consecutiva en un proceso cuestionado por distintos sectores.

Ortega se impuso en ausencia de oposición después de que en los últimos meses fueran arrestados siete aspirantes a la Presidencia que se perfilaban como sus principales contendientes y tras la disolución de tres partidos políticos. 

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En su mensaje, Almagro difundió un informe sobre Nicaragua elaborado por la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, que señala que la comunidad internacional "debe exigir la anulación" de esas elecciones "y hacer un llamado a la celebración de un nuevo proceso electoral".

Según el documento, el pasado domingo el país centroamericano "celebró elecciones en el marco de un proceso que no cumplió ninguno de los elementos esenciales de la democracia, descritos en la Carta Democrática Interamericana", como el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.

Debido al control que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ejerce sobre el Consejo Supremo Electoral, "la organización de las elecciones no contó con garantías mínimas de imparcialidad, equidad, libertad y transparencia", continúa el informe.

El documento recuerda además que tampoco tuvo la participación de misiones de observación electoral internacional reconocidas ni se tomaron en cuenta "las numerosas recomendaciones formuladas por la Misión de Acompañamiento Electoral de la OEA de 2017" que apuntaron a las "severas deficiencias" en cuanto a la equidad y a la transparencia del sistema electoral.

En ese contexto, la Secretaría General, que lidera Almagro, lamentó que "ni el gobierno ni las instituciones electorales de Nicaragua hayan encaminado sus acciones para cumplir el Artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana", referido al derecho a la democracia y la obligación de promoverla.

De allí que consideró que la comunidad internacional "debe exigir la anulación de las elecciones del domingo 7 de noviembre, y hacer un llamado a la celebración de un nuevo proceso electoral, con garantías, observación electoral y verdadera competencia electoral".

En su evaluación sobre la situación en el país centroamericano, el documento indicó que, a pesar de las diversas oportunidades para fortalecer el proceso electoral y brindar las garantías para comicios justos, libres y transparentes, el Gobierno de Nicaragua "optó por el camino del autoritarismo".

Además, detalló que en los últimos años los países que conforman el sistema interamericano han buscado que Nicaragua "regrese a la senda democrática", mientras el Gobierno de Managua "ha ignorado por completo estas iniciativas".

El Gobierno nicaragüense ignoró igualmente "las más de 20 recomendaciones formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)" ante la crisis de derechos humanos ocurrida en ese país tras las manifestaciones de abril de 2018.

Dichas manifestaciones estallaron a raíz de unas reformas a la seguridad social y se saldaron con cientos de manifestantes presos, muertos, desaparecidos y miles de heridos, según organismos de derechos humanos. 

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El órgano de la OEA puntualizó que al forzar una nueva reelección, el Gobierno de Ortega "ha desconocido de facto los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

La Corte Interamericana, explicó el documento, consideró la reelección presidencial "contraria a los principios de una democracia representativa, y, por ende, a las obligaciones establecidas en la Convención Americana y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre".