Pedro Castillo dice que hay una persecución "irracional" en su contra
La Fiscalía del Perú decidió ampliar una investigación preliminar contra el mandatario, por un presunto caso de corrupción.
El presidente peruano, Pedro Castillo, denunció este lunes que hay una persecución política "irracional" en su contra, un día después de que la Fiscalía ampliase la investigación preliminar por un presunto caso de corrupción.
"Hoy en día se ha desatado una persecución política irracional a mi persona, al presidente de la República, a diferentes ministerios", dijo durante un acto en el amazónico departamento de Loreto.
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Por eso, se preguntó qué sucedió con "el resto de gestiones" que le precedieron, así como contra los anteriores mandatarios y sus ministros".
"¿Y los demás presidentes de la República, y los demás ministros, fueron santos, no tiene nada ahora?", se preguntó antes de inquirir si los problemas del Perú están naciendo ahora.
En este sentido, reiteró que no ha robado "ni un centavo al país" ni lo hará porque -subrayó- no ha llegado a la Presidencia "para eso".
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Finalmente, instó a los ciudadanos a que le juzguen, "si alguna vez les consta que ha metido la mano" y "robado un centavo", asuman las medidas oportunas.
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ordenó este domingo ampliar la investigación preliminar contra Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada, informó el Ministerio Público.
Castillo es investigado desde el año pasado por varias denuncias de presunta corrupción referidas a la irregular adjudicación de la compra de biodiésel, por presiones en los ascensos militares y por la licitación para la construcción de un puente en la región San Martín, a través de una presunta red mafiosa instalada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
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La Fiscalía precisó que el presidente "tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa y el respeto al artículo 117 de la Constitución Política".
Dicho artículo establece que sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; o por disolver el Congreso, fuera de los casos previstos en la Carta Magna.