Polémica por cierre en Washington de la sede de la Organización para la Liberación de Palestina

La Liga Árabe criticó el próximo cierre de la oficina de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en Washington, una acción que a su juicio "favorece" a Israel.

El secretario general de la entidad panárabe, Ahmed Abulgueit, aseguró que el cierre demuestra "favoritismo" hacia "la agenda israelí", pues se suma a otras decisiones tomadas por Washington como la de trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, el pasado mayo.

El lunes, la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Heather Nauert, afirmó que "tras una revisión cuidadosa, la Delegación General de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en Washington debería cerrar". Nauert justificó la decisión en que la OLP no ha adoptado medidas "para avanzar en el comienzo de negociaciones directas y significativas con Israel".

Al respecto, Abulgueit replicó que son los estadounidenses quienes no han presentado a los palestinos "ninguna propuesta con puntos claros o planes para una solución que se pueda negociar, aceptar o rechazar". Washington anunció recientemente la suspensión de la financiación a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), una cuestión que la Liga Árabe está discutiendo hoy con los representantes de los países árabes

El anuncio 

Estados Unidos anunció el cierre de la oficina en Washington de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) debido en parte a la relación de ese ente con la Corte Penal Internacional (CPI, en La Haya), y amenazó con sancionar a este tribunal si investiga a estadounidenses o a israelíes.

El Departamento de Estado confirmó su decisión de clausurar la misión de la OLP en Washington, que se ocupa de los asuntos consulares y comerciales palestinos en el país, horas después de que el secretario general de esa organización, Saeb Erekat, adelantara la medida y la tachara de "ataque contra el sistema internacional".

"Después de una revisión cuidadosa, el Gobierno ha determinado que la Delegación General de la Organización para la Liberación de Palestina en Washington debería cerrar", afirmó en un comunicado la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.

Esta es la última de una serie de medidas de EE.UU. que han aumentado la tensión con Palestina y puesto en duda la viabilidad de un proceso de paz mediado por Washington, entre ellas el reconocimiento de Jerusalén como capital israelí y la retirada de casi todos los fondos estadounidenses para los palestinos.

El Departamento de Estado atribuyó la decisión a la inacción de la OLP "para avanzar en el comienzo de negociaciones directas con Israel", y a su negativa a participar en el plan de paz que prepara Jared Kushner, el yerno del presidente estadounidense, Donald Trump.

Pero la medida también está relacionada con "la preocupación del Congreso sobre los intentos palestinos de promover una investigación sobre Israel en la Corte Penal Internacional", explicó Nauert. En 2015, el Congreso estadounidense ordenó en una ley que se cerrara la misión diplomática palestina en caso de que la OLP influyera en la apertura de una investigación contra Israel.

Esa condición no se ha cumplido por ahora, dado que la CPI no ha abierto de momento ninguna pesquisa sobre la denuncia que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) presentó en mayo contra Israel por los asentamientos y la muerte de cientos de palestinos. El anuncio coincidió con el primer discurso formal del que desde abril es el asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, quien pronunció un vehemente alegato en contra de la CPI.

"Estados Unidos apoya un proceso de paz directo y robusto (entre israelíes y palestinos), y no permitiremos que la CPI, ni ninguna otra organización, restrinja el derecho de Israel a defenderse", dijo el asesor ante la organización conservadora Federalist Society.

Bolton aseguró, además, que la CPI había informado a EE.UU. que abrirá pronto una "investigación formal" sobre posibles crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por las tropas estadounidenses en Afganistán.

"Estados Unidos usará cualquier medio necesario para proteger a nuestros ciudadanos y aquellos de nuestros aliados de ser procesados injustamente por esta corte ilegítima. No cooperaremos con la CPI", advirtió el funcionario, que ha sido uno de los mayores críticos del tribunal de La Haya desde su establecimiento en 2002. Aunque EE.UU. rechaza la jurisdicción de la CPI, este tribunal considera que los supuestos crímenes de sus soldados y miembros de la CIA podrían ser investigados, porque se habrían cometido en países que han ratificado el Estatuto de Roma.

Esa posible pesquisa de la CPI cubriría supuestos abusos cometidos entre 2003 y 2006 en cárceles secretas que la CIA mantuvo en Afganistán, Polonia, Rumanía y Lituania.

Bolton enumeró una serie de represalias contra el tribunal, como la prohibición de la entrada a EE.UU. de sus jueces y fiscales: Además, "sancionaremos sus fondos en el sistema financiero de EE.UU., y les procesaremos en el sistema criminal estadounidense. Haremos lo mismo con cualquier compañía o Estado que coopere en una investigación de la CPI contra estadounidenses", avisó.

Además, Estados Unidos "considerará tomar medidas en el Consejo de Seguridad de la ONU para restringir los amplios poderes de la Corte" y asegurarse de que "no ejerce su jurisdicción contra estadounidenses" o israelíes, indicó. "Ningún comité de naciones extranjeras nos dirá cómo gobernarnos y defender nuestra libertad", sentenció Bolton.