¿Quién es el exmagistrado Iván Velásquez que tanto molesta a Jimmy Morales y a Álvaro Uribe?

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el colombiano Iván Velásquez, cumplen un año de tensas relaciones que se sella con el anuncio oficial de que el ente de la ONU solo estará en el país hasta septiembre de 2019.

La medida, respaldada por unos pocos y rechazada por sectores sociales, anuncia un punto y final para esta relación y está considerada como una determinación precipitada. El 27 de agosto del año pasado, el mandatario guatemalteco declaró "non grato" al jurista colombiano por injerencia en asuntos internos e intentó, sin éxito, expulsarlo del país.

Morales aseguró entonces que el comisionado había intentado presionar por diferentes medios y de forma ilegal a los diputados para que aprobaran reformar constitucionales sin dejar que el Congreso discutiera libre e institucionalmente las modificaciones.

Ya la Cicig y el Ministerio Público (MP) habían presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una solicitud de antejuicio contra el mandatario para que le quitaran la inmunidad e investigarlo por financiación electoral ilícita en 2015. Aunque la Corte dio luz verde al proceso, los diputados arroparon al presidente y la demanda judicial no prosperó.

Un año después se vuelve a solicitar el desafuero del jefe de Estado por el mismo delito y la decisión estará otra vez en manos de los legisladores. Una comisión integrada por cinco diputados, cuatro de ellos de oposición, analizan el voluminoso expediente de este proceso y su presidente, Luis Fernando Montenegro, del partido Encuentro por Guatemala (oposición), aseguró que actuarán con imparcialidad.

Sin embargo, la secretaria general de este colectivo, Nineth Montenegro, también enfrente un proceso por financiación electoral ilícita. La decisión de no renovar el mandato de la Cicig cayó a varios sectores como un balde de agua fría. Incumplía una de sus promesas. Y es que ya electo como presidente, Morales se reunió en octubre de 2015 con el jefe de la Cicig. A él y a los medios les manifestó en ese entonces su satisfacción con "el proceder y el funcionamiento" de la Comisión y la persona que la dirigía y prometió que este organismo estaría en el país en 2021.

En abril del 2016, apenas tres meses después de haber asumido la Presidencia, Morales había pedido a la ONU la prórroga del mandato del ente internacional hasta 2019. Pero las relaciones entre Velásquez y el presidente se comenzaron a tensar desde que José Manuel Morales Marroquín y Samuel Morales, hijo y hermano del mandatario, respectivamente, fueron detenidos por un caso de corrupción.

Ambos enfrentan aún un proceso judicial. Eso, aunado a que otras personas allegadas al mandatario y él mismo se han visto salpicados, ha provocado un giro de 180 grados en esta relación. Entonces el discurso público cambió. Primero acusó a la Cicig de seguir líneas ideológicas, de manipular al poder Judicial y de extralimitarse en sus funciones. Después intentó expulsar del país al jefe del organismo, el colombiano Velásquez. Y como no lo logró fue a la ONU a tramitar sus quejas respecto al actuar.

Después se empezó a debilitar el apoyo policial a la Cicig al retirar a agentes de la seguridad perimetral de la sede, sacar a investigadores y aumentar los engorrosos trámites legales para solicitar el apoyo de la Policía Nacional Civil en los operativos que desarrolla conjuntamente con la Fiscalía.

La Comisión, que se instaló en Guatemala en 2007, estará otro año, plazo en el que deberá trasladar sus capacidades técnicas a instituciones estatales, sobre todo a la Fiscalía, el responsable de las investigaciones en el país centroamericano. La Cicig se ha convertido en uno de los mejores aliados del Ministerio Público y, en conjunto, desde abril de 2015, han desbaratado varias redes criminales que funcionaba bajo la sombra del Estado.

Una de ellas fue "La Línea", una red dedicada a la defraudación aduanera que tiene en prisión y en proceso judicial al expresidente Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti. Poderosos empresarios, políticos y particulares han salido salpicados en los casos de corrupción destapados desde ese año.

Los guatemaltecos han anunciado que volverán de nuevo a las plazas a defender el trabajo de la Cicig y a rechazar la decisión presidencial, que tiene de nuevo a Guatemala bajo el ojo internacional. Morales afirmó que su decisión busca fortalecer las instituciones para garantizar la continuidad de la lucha contra la corrupción y que su Gobierno, que concluye en enero de 2020, tres meses después de que venza el mandato del organismo de las Naciones Unidas.

En el caso del expresidente colombiano Álvaro Uribe la situación también se debe al accionar de Velásquez. El expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) instó al gobierno de  Guatemala a que anule la "actividad judicial" del jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el exmagistrado colombiano Iván Velásquez. "Guatemala debe suprimir la actividad judicial de Iván Velásquez, sesgado militante extremista, y de Pinilla Cogollo, fue integrante de grupo criminal. Con politiquería judicial no se derrota la corrupción", manifestó Uribe en su cuenta de Twitter.

El exmandatario y actual senador se refirió así a la decisión del presidente del país centroamericano, Jimmy Morales, de no renovar el mandato de esa Comisión, cuyo periodo vence en septiembre de 2019. "Iván Velásquez pretende dejar como juez anticorrupción en Guatemala a Pinilla Cogollo, reinsertado del M19 sobre quien existen pruebas que anunció el holocausto de la justicia 15 días antes de los hechos", señaló Uribe a través de su cuenta en Twitter.

Velásquez y Uribe han mantenido una histórica pelea que inició cuando el jefe de la Comisión era magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y criticó al exmandatario por los cambios que realizó a la Constitución del país para poder reelegirse. A esto se sumó que en ese entonces el magistrado encabezó las investigaciones por parapolítica, tras las cuales se condenaron a varios políticos cercanos al expresidente, entre ellos su primo Mario Uribe Escobar.