A extinción de dominio inmuebles de red que desmontaba multas de tránsito en Cali

La Fiscalía General de la Nación confirmó que impuso medidas cautelares a una vivienda y un parqueadero que presuntamente pertenecerían a una de las líderes de una red delincuencial que desmontaba multas de tránsito de manera ilegal en Cali (Valle del Cauca).

El organismo manifestó que Sandra Liliana Castañeda Reyes tenía inmuebles adquiridos con dichos dineros por más de $300 millones de pesos.  

"La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder adquisitivo, embargo y secuestro sobre un apartamento y un parqueadero que pertenecerían a Sandra Liliana Castañeda Reyes, presunta integrante de una red delincuencial señalada de realizar trámites fraudulentos para evadir el pago de multas de tránsito en Cali. Los inmuebles superarían en valor los 300 millones de pesos", señala uno de los apartes del boletín de la Fiscalía.

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De igual manera, el organismo resaltó que "una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio estableció que habrían sido adquiridos con recursos provenientes de las actividades ilícitas desplegadas por la mujer, a través de un establecimiento de comercio que gestionaba las maniobras irregulares en los organismos de tránsito".  

Entre tanto, la Fiscalía señaló que Castañeda Reyes y varios funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Cali fueron judicializados por desmontar más de 500 multas a cerca de 300 ciudadanos.  

"Recientemente, Castañeda Reyes y otras personas, entre ellas cinco funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Cali, fueron judicializadas por impedir que se cobraran 516 multas a 336 ciudadanos que habrían infringido las normas de tránsito", agrega el oficio.  

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Finalmente, la Fiscalía precisó que los funcionarios de la dependencia de Movilidad habrían emitido resoluciones revocatorias sin sustento alguno y a cambio de dinero.  

"Los bienes afectados con fines de extinción de dominio fueron ocupados por el CTI en Cali. Quedarán a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración", concluyó la Fiscalía.