Abren investigación a funcionarios públicos por presunto robo de tierras

La Procuraduría General de la Nación adelanta 22 indagaciones y 11 investigaciones contra servidores públicos del país por presunto robo de tierras, que se desprenden de más de 100 denuncias ciudadanas por presuntas omisiones e irregularidades en trámites.

Aunque todavía no se conocen los nombres de los funcionarios que estarían implicados, trascendió que la Procuraduría tendría en la mira varios alcaldes y registradores de regiones como Valle del Cauca, Bogotá y Atlántico.

Al frente de esas investigaciones están procuradores delegados de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, quienes trabajarían de la mano con los procuradores regiones por orden de la propia procuradora general, Margarita Cabello.

Estas investigaciones se adelantan en medio del escándalo por la invasión irregular de tierras baldías que afronta el gobierno del presidente Gustavo Petro. Huila, Valle del Cauca y Cauca son los departamentos donde más se han registrados casos de invasión.

El pasado 30 de agosto, el ministro el Defensa, Iván Velásquez, anunció un ultimátum de 48 horas para desalojar las tierras con el fin de iniciar los tramites de reconocimiento bajo la ley. Sin embargo, no se han conocido avances sobre esos desalojos.

El problema de la invasión de tierras salió a la luz luego de que la Corte Constitucional emitiera el fallo histórico que ordena recuperar las tierras baldías entregadas a particulares, a través de fallos judiciales y la figura de la prescripción.

Ese tribual le impuso una 'megatarea' a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), de perseguir y recuperar esos predios. En esa decisión, la Corte Constitucional concluye que los jueces interpretaron erróneamente la Ley sobre el régimen especial de baldíos y que estas tierras son para la reforma agraria, por lo que la forma en la que se adquieren no es a través de la figura de la prescripción.

Lo que hizo la Corte fue hacer una distinción dos grandes universos de personas que han acudido a jueces para que les entreguen predios que son baldíos y los convierta en tierras de propiedad privada. Por un lado, están los campesinos que tienen derecho a la tierra y por otro lado, están los terratenientes.