Advierten que la ‘Caya’ Daza y la UTL de Uribe conocían de los sobornos a falsos testigos

Algunos de los nombres que salieron a relucir durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra el abogado Diego Cadena y su socio, Juan José Salazar Cruz por haber, presuntamente, sobornado a testigos para favorecer al senador Álvaro Uribe Vélez, fueron los de María Claudia 'Caya' Daza y el abogado Fabián Rojas, quien hace parte de la UTL del congresista del Centro Democrático.

Según Reinaldo Villalba, defensor del senador Iván Cepeda, quien es considerado como víctima dentro del proceso, tanto María Claudia Daza Daza como el abogado habrían tenido conocimiento de los planes para obstruir a la justicia con falsas declaraciones.

De acuerdo a lo que manifestó Villalba, el supuesto rastreo de testigos falsos llegó hasta el departamento de Boyacá, específicamente a la cárcel de Cómbita.

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"Hay que tener en cuenta que María Claudia Daza, también aparece en varios eventos y está en la documentación que entregó la Fiscalía, y donde yo puedo decir que se formó una especie de triunvirato entre el señor (Diego) Cadena, el abogado Rojas de la UTL y también de la señora Claudia Daza de la UTL, en esta siniestra triangulación, con el propósito de favorecer al senador Uribe en sus procesos penales", aseguró.

Recalcó que el abogado Fabián Rojas declaró ante la Corte Suprema de Justicia, asegurando que el 22 de febrero, María Claudia Daza habría sostenido un encuentro con defensor del narcotraficante Juan Carlos ‘El Tuso' Sierra.

"'La Caya Daza' le dice a Rojas que no quiere ir sola, entonces la acompaña al restaurante donde llega Cadena con las cartas de Cómbita, las recibe y se van a la papelería a fotocopiar y demás", precisó.

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Villalba insistió en qué, de acuerdo a la investigación Daza y Rojas, tenían conocimiento sobre la importancia de las cartas de los falsos testigos.

La ‘Caya Daza’, es además investigada por el escándalo generado por la deniminada ‘Ñeñepolítica’.

Las tres cartas 

El exparamilitar Carlos Enrique Vélez reveló en una declaración que el abogado Diego Cadena también se desplazó hasta la cárcel de alta y mediana seguridad de Cómbita, para reunirse con otros tres exparamilitares, con el fin de que también firmaran cartas en las que a través de sus testimonios, favorecían al senador Uribe y enlodaban el nombre del también congresista Iván Cepeda.

Según el abogado Villalba, los encuentros también se llevaron a cabo con Máximo Cuesta Valencia, alias ‘Sinaí’; Elmo José Marmol, alias ‘Poli’ y Giovani Alberto Cadavid Zapata.

Así mismo, un encuentro entre Cadena, los abogados Fabián Rojas y Ángela López (amiga de Diego Cadena) con el director de la cárcel de Cómbita, coronel Rodrigo Ricaurte, en un reconocido hotel de Bogotá, fue el primer paso para entrar y salir del centro de reclusión sin dejar registro.

 “A esta abogada la presentó como su asesora, era la abogada del paramilitar alias ‘Cesarín’, preso en Cómbita y con relación con los testigos que luego Cadena presenta en la Corte Suprema”, dijo Villalba.

Nuevamente, el abogado Villalba recordó en la declaración ante la Corte Suprema de Justicia, que entregó el asesor Fabián Rojas que, “de esa reunión, surgieron los testimonios o las cartas de tres paramilitares en las que señalan a Iván Cepeda a manipular testigos y en los que se pretende desvirtuar a uno de los testigos de cargos del senador Uribe, Pablo Hernán Sierra”.

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Destacó que en medio del estrés que generaba el que se acortara el tiempo para entregar las cartas de los exparamilitares, la abogada Ángela Rojas hizo dos de ellas, mientras que la tercera fue escrita directamente por Cadena; las misivas fueron firmadas por los privados de la libertad y la última de ella, por el uniformado de la Policía Elmo Mármol.

Procuraduría

Durante su exposición, la delegada del Ministerio Público, consideró que la petición del abogado de las víctimas no es procedente, teniendo en cuenta que en una diligencia de imposición de medida de aseguramiento, la Fiscalía es la encargada de solicitar la restricción que sea más acorde a la inferencia razonable y a los riesgos que representen tanto para la justicia, como el proceso y las víctimas.

Señaló también que, en medio de las circunstancias en las que se encuentra el país, es razonable que la petición de la Fiscalía General, hubiese sido que se impusiera una detención domiciliaria contra los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar Cruz.