Aida Avella cuestionó reconocimiento parcial del Estado en exterminio de la UP

La congresista Aida Avella, presidenta de la Unión Patriótica (UP), dijo que se quedó corta la aceptación parcial de responsabilidad que hizo el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre 219 asesinatos de miembros del partido.

Para la congresista, ese reconocimiento es una “revictimización” a las víctimas de los hechos ocurridos durante la década de los años 80 y 90.

“Por un lado lo reconocen y por el otro lo niegan. Lo sentimos como una revictimización porque nosotros tenemos más de cuatro mil asesinatos y desapariciones, tenemos gente en el exilio, tenemos mucha gente que ha sido amenazada, y que les han quitado sus tierras”, dijo la congresista.

Lea en contexto: Colombia reconoce responsabilidad parcial en exterminio de la UP

Avella hizo un llamado al Gobierno para que tome medidas de fondo encaminadas a evitar el constante asesinato de “personas que piensan diferente” e impedir que la historia de la UP se repita.

“Que mire la posibilidad de impedir que se sigan presentando contradicciones (…) necesitamos que en el país se habrá la compuerta para la tolerancia política de todos y que nadie pueda morir por sus ideas. Es natural que haya diferencias, pero no es natural que nos maten por pensar diferente”, señaló.

Para Avella, la Unión Patriótica necesita una reparación política por lo cual advirtió que están a la espera y expectativa de las decisiones de fondo que pueda tomar la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Lea también: Fiscalía de Colombia le entregó a Ecuador una USB y dos informes de policía sobre el ELN

“Estamos apelando a todo el Estado para que entienda que la demanda internacional se puso porque en Colombia estamos en más del 97% de impunidad. Tenemos esperanzas para que la justicia internacional actúe”, dijo Avella.

En la audiencia publica sobre el reconocimiento del exterminio, el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, explicó que por estos hechos se reconoce la violación de los derechos humanos de las víctimas acreditadas por el Estado.