Alberto Santofimio acude ante la CIDH

El exministro de Justicia, Alberto Santofimio Botero presentó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al considerar que se le están vulnerando sus derechos humanos.

En la petición ante el organismo internacional, Santofimio asegura que se le negó la libertad por el no pago de una multa económica, situación que está totalmente prohibida por la ley.

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El abogado Ricardo Cifuentes Salamanca asegura que el exministro, condenado por el crimen de Luis Carlos Galán, ha cumplido las tres quintas partes de su condena. Además ha recibido un certificado de buena conducta en la cárcel La Picota, hecho por el cual se le debe otorgar la libertad inmediata.

Pese a esto -señala el jurista- un juez de ejecución de penas de Bogotá le revocó la detención domiciliaria que gozaba y ordenó enviarlo a la cárcel La Picota nuevamente argumentando que tiene pendiente el pago de mil quinientos millones de pesos a los familiares de Luis Carlos Galán Sarmiento y el escolta del dirigente político que murió en el atentado registrado el 18 de agosto de 1989 en Soacha (Cundinamarca).

En su sentir se desconoce que su cliente no ha podido trabajar en los últimos 10 años debido a que ha estado privado de su libertad. Igualmente no se han aceptado las propuestas para pagar esta millonaria multa que se han presentado ante los estados judiciales.

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"Por lo demás se debe resaltar que las víctimas de manera pública y reiterada han manifestado que renuncian a cualquier indemnización de carácter pecuniario", precisó el abogado defensor.

En este sentido se resalta que existe un desconocimiento de la legislación nacional e internacional que prohíbe que se niegue o revoque una libertad por el no pago de deudas. Para esto citó el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos que establaece que "nadie será detenido por deudas".

El exministro fue condenado el 11 de octubre de 2007 por un juzgado primero especializado de Cundinamarca a 24 años de prisión al considerar que existía evidencia suficiente que lo vinculaba con la planeación del asesinato de Galán Sarmiento que fue ordeando por el jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. 

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Sin embargo, un año después –el 22 de octubre de 2008- en fallo de segunda instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó la sentencia al considerar que no habían evidencias para sentenciar al exdirigente político.

El expediente llegó a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que revisó el caso y al considerar que existían testimonios coherentes y pruebas documentales que revelaban su participación en el crimen lo condenó a 24 años de prisión en septiembre de 2011.

El 16 de mayo de 2017, un juez de ejecución de penas aceptó la petición de su defensa y le otorgó el beneficio de detención domiciliaria.

Sin embargo, justo dos años después, el mismo juzgado ordenó que regresara a la cárcel al considerar que no había cancelado la multa de 1.725 millones de pesos que la justicia le ordenó pagarle a los familiares del líder político y los $231 millones para la familia de Santiago Cuervo, escolta de Galán.  

"Alberto Rafael Santofimio Botero ha incumplido sin justificación fehaciente la obligación indemizatoria inherente a la prisión domiciliaria otorgada, lo que impone su revocatoria a fin de dar cabida a los buenos efectos atribuidos a la sanción penal así como a las funciones de prevención especial y reinserción social", precisa uno de los apartes del fallo.