El caso que involucraba a los dos altos funcionarios del banco por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario, fue por haber cometido presuntas irregularidades en el proceso para otorgar un crédito al consorcio Navelena por $120.000 millones de pesos.
Sin embargo, la decisión del organismo de control indicó que ellos no tienen ninguna responsabilidad jurídica frente a este episodio.
De acuerdo al ministerio público, los procedimientos al interior de la entidad financiera no correspondían según las exigencias de la Superintendencia Financiera y en consecuencia, al carecer de los procedimientos, no pudieron otorgar ningún crédito a nombre del banco.