Bernardo Moreno Villegas se entregó a las autoridades por caso 'Yidispolítica'

El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez, Bernardo Moreno Villegas se presentó voluntariamente en el comando de la Policía Quindío, para enfrentar su condena de cinco años y siete meses de prisión.

La entrega se produjo luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara su sentencia por tráfico de influencias de servidor público. La condena es el resultado de su implicación en el caso conocido como ‘Yidispolítica’, donde se demostró que Moreno Villegas utilizó su influencia para favorecer la designación de aliados de la congresista Yidis Medina, con el fin de apoyar la reelección presidencial de Uribe Vélez.

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La sentencia incluye, además, una multa significativa equivalente a 139.579 salarios mínimos mensuales legales vigentes en el momento de los hechos.

Este hecho marca un momento crucial en la serie de procesos judiciales que han rodeado la administración de Uribe Vélez, subrayando el impacto de la corrupción en la política colombiana. La entrega de Moreno Villegas simboliza un paso más en la lucha por la justicia y la transparencia en el país.

Moreno enfrenta acusaciones graves por intervenir en los “asuntos internos de las entidades públicas”, tanto directamente como a través de sus asesores. Se le imputa haber influido en la selección de personal al enviar hojas de vida con su recomendación, realizar llamadas a directores de la Red de Solidaridad Social y del Sena, así como a presidentas de Etesa y al superintendente de Notariado y Registro.

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Además, se le atribuye haber organizado citas para la congresista Yidis Medina, a quien presentó a sus recomendados, y participar en reuniones privadas para gestionar estos nombramientos.

En las próximas horas, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) determinará en qué centro de reclusión será confinado Moreno. La Corte Suprema de Justicia ha rechazado su solicitud de prisión domiciliaria, citando que el Código Penal impide esta opción para el delito por el cual ha sido condenado.

Este hecho marca un momento crucial en la serie de procesos judiciales que han rodeado la administración de Uribe Vélez, subrayando el impacto de la corrupción en la política colombiana.