Carrusel de la contratación: Mantienen inhabilidad de 20 años a Iván Moreno

LA FM conoció en primicia que el Consejo de Estado dejó en firme el fallo que destituyó e inhabilitó por 20 años para ejercer cargos públicos al exsenador Iván Moreno Rojas por su responsabilidad en el llamado escándalo del ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá.

Moreno Rojas adujo diez nulidades para tumbar la sanción disciplinaria en su contra, aduciendo violaciones a su derecho a la defensa, debido proceso, extralimitaciones, juicios de valor, manipulación de pruebas y testigos, omisiones a sus requerimientos judiciales y un prejuzgamiento.

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En el fallo de 112 páginas, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo señaló que el excongresista no pudo demostrar, primeramente, que la Procuraduría General hubiera omitido el estudio de pruebas dentro del juicio disciplinario que se le adelantó en el año 2011 y que terminó con su destitución.

Consideraba además que el entonces procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado le había vulnerado todos sus derechos procesales al haberlo prejuzgado en la apertura de la indagación y el desarrollo del extenso juicio disciplinario.

En el análisis jurídico se determinó que pese al dicho del demandante nunca se pudo evidenciar que en efecto el Ministerio Público le vulnerara sus derechos a la legítima defensa. Para el Consejo de Estado en los fallos disciplinarios se comprobó la participación y responsabilidad directa del entonces senador en estos actos de corrupción.

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“En los actos acusados sí se logró demostrar el comportamiento doloso del señor Néstor Iván Moreno Rojas porque las pruebas que fundamentaron la decisión sancionatoria reflejaron el conocimiento que este tenía de la falta que se le imputó y la voluntad de cometerla. Además, al entonces senador, le era exigible comportarse de otra manera a como efectivamente lo hizo”, precisa uno de los apartes del fallo.

En uno de los puntos más importantes de la decisión se revela que varios testigos, entre los que se encuentran los primos Miguel, Manuel y Guido Nule, así como su socio Mauricio Galofre entregaron detalles sobre la forma en cómo se “planeó” la entrega de contratos de obra vial en Bogotá.

En este sentido se señala que pese a los antecedentes judiciales y fiscales que tenían los empresarios por este mismo caso, esto no le resta credibilidad a su declaración puesto que fueron coherentes en el tiempo, modo y lugar en el que se presentaron los hechos materia de investigación.

Igualmente se resalta que el dicho de los Nule y Galofre fue corroborado por otros contratistas y empresarios, quienes detallaron la forma en cómo se fijó el pago de comisiones y las “contraprestaciones” para la entrega de estos contratos de malla vial.

“Lo precedente da cuenta de que existía un motivo para que el señor Néstor Iván Moreno Rojas quisiera reunirse con los señores Nule en Miami a comienzos de julio de 2008, porque estaba enterado de la existencia de las zonas que le interesaban a su esposa. Esto hace verosímil lo dicho por los Nule y justifica la valoración probatoria de la autoridad disciplinaria”, señala el Consejo de Estado.

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En el análisis de las declaraciones se encontró coherencia por lo dicho por los Nule con otras pruebas documentales recolectadas durante la investigación disciplinaria. Debido a esto se consideró que lo dicho por Moreno Rojas no puede desvirtuar las conclusiones de la sanción disciplinaria.

“Para la Sala, lo alegado por el apoderado del señor Moreno Rojas en la demanda no tiene el mérito para desvirtuar la valoración probatoria realizada por la Procuraduría, porque al contrario de lo manifestado por él, la autoridad disciplinaria sí determinó que en la segunda y tercera reunión que realizaron después de la de Miami, estuvo presente el señor Álvaro Dávila Peña. Asimismo, en ninguna de estas reuniones se dijo que hubiera asistido el señor Manuel Francisco Nule Velilla, por lo que esto explica que no conociera a Néstor Iván Moreno Rojas”, indica la decisión.

Otros testigos –indica- fueron claros en señalar el tiempo, modo y lugar de otras dos reuniones en Bogotá en las cuales Moreno Rojas finiquitó la forma en cómo se iban a entregar estos contratos de obra pública, la manipulación del pliego de condiciones para beneficiar a los contratistas que habían aceptado pagar los sobornos y los proyectos que se iban a realizar, en especial en la doble calzada Bogotá-Girardot.

“No se configuraron los vicios esgrimidos en contra de la valoración probatoria realizada por la autoridad disciplinaria, toda vez que esta apoyó su decisión en pruebas que demostraron la responsabilidad del señor Néstor Iván Moreno Rojas frente a los dos cargos que le fueron imputados y que derivaron en la sanción que le fue impuesta”, concluye el fallo.

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Finalmente, el Consejo de Estado indicó que la Procuraduría General tenía toda la competencia para investigar disciplinariamente a Moreno Rojas puesto que cuando se presentaron los hechos era funcionario público.

El exsenador fue destituido e inhabilitado por mover sus influencias –aprovechando que su hermano Samuel Moreno era el Alcalde de Bogotá- para entregar contratos del Distrito a un grupo de contratistas a cambio de una millonaria comisión.

En el caso de los dos contratos de malla vial, Moreno Rojas se habría reunido en tres oportunidades con los integrantes del Grupo Nule (en Estados Unidos, en la casa de su mamá en Teusaquillo y en la Oficina del abogado Álvaro Dávila) para fijar el porcentaje del pago del soborno.

No contento con eso, Moreno les solicitó a los Nule que le otorgaran áreas de uso exclusivo para instalar estaciones de gasolina, negocio al que se dedicaba su esposa, Lucy de Moreno en la vía Bogotá-Girardot. “Como contraprestación de lo pedido, el entonces senador les habría ofrecido colaboración con la contratación en el distrito de Bogotá, donde era alcalde su hermano, el señor Samuel Moreno Rojas”. 

El exsenador se encuentra actualmente privado de su libertad en la cárcel La Picota cumpliendo una condena de 14 años de prisión. En los próximos días tendrá que presentarse ante la Corte Suprema de Justicia a rendir indagatoria por las presuntas irregularidades que rodearon el contrato para la prestación de servicios de ambulancias en la capital.