Caso Centros Poblados: Piden absolución a una de las implicadas

Ante la Procuraduría, el abogado José Fernando Mestre, quien defiende los intereses de Sandra Orjuela, funcionaria del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), pidió un fallo absolutorio para su cliente.

En medio de las audiencias finales por el escándalo sobre el millonario contrato para llevar internet más de 14.000 colegios del país, el abogado explicó Centro Poblados logró con ‘artimañas’ convencer de que todo estaba en orden para quedarse con el contrato.

“Se demostró que el mecanismo utilizado en este caso por los contratistas adjudicatarios fue idóneo para engañar a los servidores públicos. Es evidente que no hubo ninguna clase de culpabilidad y lo que corresponde es absolver”, dijo el abogado.

Lea también: Aida Victoria Merlano se pronunció sobre la acusación de enriquecimiento ilícito

Las investigaciones de la Procuraduría buscan establecer si los funcionarios del Ministerio incurrieron en alguna falta disciplinaria, al permitir la adjudicación el billonario contrato en el que se entregó un anticipo por 70.000 millones de pesos.  

Además de Orjuela, la Procuraduría investiga a Adriana Vanessa Meza Consuegra, secretaria general MinTIC; Camilo Alberto Jiménez, director de Infraestructura MinTIC.

En ese escándalo también resultaron investigados Luis Fernando Duque Torres, representante legal Unión Temporal Centros Poblados 2020 y Paola Andrea Izquierdo Rivera, representante convencional del Consorcio “PE 2020 C Digitales”, que ejerce la interventoría del contrato.

Lea además: Catherine Juvinao, denunciada por calumnia e injuria

El excontratista Emilio Tapia, condenado por el carrusel de los contratos, resultó siendo uno de los testigos en ese caso.

En una investigación penal ante la Fiscalía, Tapia señaló que el millonario anticipo que el Ministerio giró a Centros Poblados, supuestamente habría servido para comprar un apartamento en Miami.

Según él, el contrato se firmó sin tachas de corrupción, pero las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que se habrían falsificado los documentos para participar de la licitación y quedarse con el contrato.