Caso Centros Poblados: ¿Por qué desvincularon a Emilio Tapia y Karen Abudinen del proceso?

La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por $67.970 millones, por irregularidades en contrato entre el Fondo Único del Ministerio de Tecnologías, Información y Comunicaciones (MinTIC) y Centros Poblados.  

Se imputó responsabilidad en contra de los miembros de la Unión Temporal Centros Poblados 2020 y su representante legal, así como a los miembros del Consorcio PE2020 C Digitales en su calidad de interventor. 

Mientras que la exministra Karen Abudinen y Emilio Tapia quedan absueltos en el proceso judicial.  

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Alexandra Cárdenas, jefe de Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría, habló en La FM de RCN sobre el proceso de imputación en el caso de Centros Poblados. 

“Se profirió auto de imputación por las irregularidades entre el Fondo Único del Ministerio de Tecnologías, Información y Comunicaciones y Centros Poblados. Se profirió imputación a miembros de Centros Poblados, del consorcio que eran los interventores dentro del contrato, y tres funcionarios de las TIC que hacían parte de esto”, señaló.  

Indicó que la exministra Karen Abudinen no estuvo vinculada al proceso de responsabilidad fiscal porque no tenía en control del contrato.  

“La ministra de ese entonces nunca estuvo vinculada al proceso de responsabilidad fiscal, puesto que no tenía esa labor de control frente a este contrato”, manifestó.  

Por otro lado, explicó la razón por la que la imputación fue de $67.000 millones y no de los $70.000 millones de los que se habló desde un principio.  

“La imputación es por más de $67.000 millones, debido a que con las pruebas que se vincularon al proceso se pudo demostrar que dentro del proceso penal se han aportado $3.000 millones”, comentó.

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Finalmente, dijo que se en el caso de Centros Poblados se investiga a las personas que manejaron los dineros de manera directa o indirectamente.  

“El proceso todavía guarda reserva y estamos informando una decisión que es pública. Se investiga a los gestores fiscales, a las personas que manejaron los dineros públicos, ya sea de manera directa o indirectamente”, recalcó.