Caso General Zapateiro: ¿Qué pruebas pidió la Procuraduría en su investigación?

La Procuraduría General de la Nación decretó una serie de pruebas, en medio de la investigación disciplinaria preliminar al general Eduardo Zapateiro, por presunta participación en política.

Entre las pruebas decretadas la Procuraduría solicitó al Ejército una certificación sobe el salario que gana el general en calidad de comandante.

Así mismo, se ordenó escuchar al general Zapateiro en versión libre, “en forma personal o por escrito”; sin embargo, no se puso fecha para esa versión.

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El documento lo firma María Cruz, procuradora delegada de la Sala Disciplinaria que estará a cargo de la investigación.

La Procuraduría determinará si el general Zapateiro cometió una falta que sería gravísima según la ley que establece las normas de conducta militar, al “intervenir en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas” por responder a un trino del candidato presidencial, Gustavo Petro en el que se refirió a las supuestas relaciones entre algunos soldados con el ‘Clan del Golfo’.

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Este medio consultó expertos como el exprocurador Jaime Bernal Cuellar, quien señaló que el general no habría cometido ninguna falta disciplinaria porque sus comentarios no tuvieron “ninguna postura ideológica sobre propuestas políticas”.

“Lo que afirma es un hecho realizado por una persona que no tenía contenido político y en mi entender es rechazar una ofensa a la moral de la fuerza publica y eso no es hacer política ni ser deliberante”, dijo.

Por su parte, el abogado Jorge Molano, quien radicó una denuncia penal ante la Fiscalía contra el general, indicó que esa conducta constituye una falta disciplinaria y señaló que el general se podría enfrentar a una sanción de hasta 20 años para ejercer cargos públicos

“Con el nuevo Código Disciplinario debe entenderse que es una falta gravísima por parte del general, dado que se trata de una abierta y manifiesta intervención en política, en relación con este tipo de faltas. La ley consagra que puede verse visto en una sanción de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por un pazo de 10 a 20 años”.

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En enero, cuatro meses antes de las elecciones presidenciales, la procuradora Margarita Cabello Blanco hizo llamados a todos los funcionarios públicos para abstenerse de participar en política.