Caso Hidroituango: Luis Alfredo Ramos reiteró que es inocente

El exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, aseguró que la Fiscalía está desconociendo ‘‘flagrantemente’’ normas de contratación estatal y por lo tanto decidido acusarlo ‘‘por la aprobación y celebración del contrato BOOMT entre la Sociedad Hidroituango y EPM Ituango’’, donde asevera que no participó como gobernador de Antioquia.

El exmandatario seccional reiteró su ‘‘inocencia’’.  En cuanto al hijo del exgobernador, el concejal de Medellín Alfredo Ramos, no ha usado sus redes sociales ni se ha pronunciado oficialmente luego de realizada esta audiencia en la Corte Suprema de Justicia en contra de su padre.  

Ramos se enfrentó nuevamente a una audiencia en su contra por el proceso judicial relacionado con presuntas irregularidades en contratación de Hidroituango.

Esta vez ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. Allí, la Fiscalía lo acusó formalmente del delito de interés indebido en la celebración de contratos.  

La Fiscalía argumenta que Luis Alfredo Ramos, cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia (2008-2011), habría actuado en contravía de los intereses del Departamento y habría cambiado su posición en el proceso de adjudicación del megaproyecto eléctrico Hidroituango para favorecer a EPM.  

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Según el ente acusador, Ramos buscó que el modelo de contratación BOOMT (construir, operar, poseer, mantener y transferir) para ejecutar la obra de Hidroituango no fuera a través de convocatoria internacional, sino de manera directa, para que así a EPM se le adjudicara el contrato.  

Ahora, el juicio oral en Primera Instancia en la Corte Suprema se llevará a cabo en diferentes audiencias, donde la Justicia evaluará si Luis Alfredo Ramos en declarado culpable o inocente en interés indebido en la celebración de contratos. En este mismo caso, fueron declarados como víctimas la Gobernación de Antioquia y el IDEA.  

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Recordemos que este no es el único lío con la justicia que ha tenido Luis Alfredo Ramos, pues en el 2021 fue condenado a siete años y once meses de prisión por nexos con paramilitares, ya que se comprobó que este se reunió con miembros del Bloque Centauros y Bloque Metro de las AUC, en una finca ubicada en Bello (Antioquia), para recibir beneficios políticos y dinero de este grupo armado.