Caso Mario Castaño: Pidieron la muerte política al senador luego de aceptar cargos por corrupción

El Consejo de Estado admitió para estudio las demandas que piden la muerte política del senador Mario Castaño, quien aceptó ante la Corte Suprema de Justicia estar implicado en el escándalo de corrupción conocido como ‘Las marionetas’.

El senador aceptó los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, concusión y estafa agravada.

Las demandas fueron presentadas por los ciudadanos Joan Sebastián Moreno y José Hermes Borda, quienes piden la perdida de investidura del Congresista luego de estar envuelto en ese escándalo de corrupción.

Castaño, permanece detenido en la cárcel Picota de Bogotá y se podría enfrentar a una condena de hasta 15 años de prisión, pero con el posible beneficio de una rebaja en la condena por aceptar los delitos.

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Las investigaciones en su contra lo señalan de ser el líder de una organización ilegal dedicada a exigir dinero o el pago de un porcentaje de contratos públicos que se entregaban a contratistas escogidos a dedo.

Uno de los contratos corruptos que lo salpica tenía el objetivo de construir canchas bajo el lema ‘sacúdete al parque’ en las que supuestamente el congresista recibía alrededor de 100 millones de pesos por cancha construida.

También se nombran contratos de la producción de licores en el Chocó; la construcción de canchas sintéticas y escenarios deportivos del Ministerio del Deporte; Proyectos ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo; y la construcción de vías terciarias y/o placas huellas, con recursos provenientes del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

Según la información que tiene la Corte Suprema de Justicia, Castaño también habría ‘metido la mano’ en la contratación de empleados en el Congreso de la República quienes, a pesar de recibir salario no realizaron ningún trabajo.

Después de esas pruebas y de que el proceso llegara a la Corte, el alto tribunal tomó la decisión de cobijarlo con una medida de aseguramiento por considerarlo como un peligro para el proceso, pues se tenía información de que posiblemente, Castaño podría utilizar su poder e influencias para torcer las investigaciones e incluso las declaraciones de testigos en su contra.