Corte Suprema acepta impedimentos de magistrados del Tribunal Superior en caso Álvaro Uribe

La Corte Suprema de Justicia aceptó los impedimentos expresados por los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, Carlos Andrés Guzmán Díaz, Dagoberto Hernández Peña y Hermens Darío Lara Acuña, quienes se apartaron de la discusión de los recursos de apelación y queja del caso contra el expresidente Álvaro Uribe. 

Los magistrados presentaron los impedimentos, debido a que, como integrantes de la Sala Penal de ese tribunal, ya tuvieron conocimiento en momentos anteriores, del proceso contra el exmandatario por presunta manipulación de testigos.

“Los Magistrados comprometieron su criterio, en tanto emitieron juicios de valor sobre algunos de los elementos de convicción presentados por la Fiscalía y advirtieron necesaria la continuación del proceso por los delitos atribuidos a ÁLVARO URIBE VÉLEZ”, se dice en la decisión. 

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Para la corte, el impedimento expresado por los magistrados del Tribunal Superior es fundado, debido a que con esto se garantiza la independencia de la administración de justicia mientras se estudian los recursos de apelación y queja de la defensa del exmandatario.

“Aquello significa, en aras de garantizar la imparcialidad e independencia de la administración de justicia, que debe declararse fundada la manifestación impeditiva expresada por los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá a la luz de la causal de impedimento formulada”, concluye el documento. 

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El caso del expresidente también será conocido por la corte en otro punto de la discusión, pues la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia deberá definir que instancia es la encargada de resolver la queja que instauró la defensa del expresidente Álvaro Uribe contra la juez 44 penal de conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia, quien lleva el proceso contra su cliente por supuesto soborno a testigos y fraude procesal.

Se espera que esta decisión sea resuelta antes el inicio de la audiencia preparatoria del juicio contra el excongresista, programada para la semana del 10 de julio.

Esta acción judicial fue instaurada por el abogado Jaime Granados y se relaciona con su petición para que se declarara la nulidad de lo actuado, desde la imputación, argumentando que s han presentado supuestas violaciones  al debido proceso y al derecho a la defensa.