Centros Poblados: Condenan al tramitador de pólizas que permitió la firma del millonario contrato
El sentenciado fue quien tramitó las pólizas que soportaron la firma del contrato con el que fueron desembolsados 70 mil millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación anunció que Jorge Enrique López Benavides fue condenado a cuatro años de prisión por estar implicado en el caso de Centros Poblados.
El sentenciado fue quien tramitó las pólizas que soportaron la firma del contrato 1043 de 2020, con base en el cual, posteriormente fueron desembolsados 70 mil millones de pesos.
Según las investigaciones, hay documentos en los cuales Benavides indujo a error a los funcionarios del Ministerio de las Tecnologías y la Información al dar aval administrativo para celebrar el contrato de conectividad por un billón de pesos e incluyó información falsa en tres pólizas presentadas para amparar el manejo del anticipo de los 70 mil millones de pesos.
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El implicado fue investigado por su participación en hechos de corrupción que rodearon el contrato suscrito entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic) y la Unión Temporal Centros Poblados, para dotar de internet escuelas rurales en varios departamentos del país.
Además, el fallo impuso una multa de cien salarios mínimos y la inhabilidad para ejercer funciones públicas por 48 meses.
El juez también concedió la suspensión de la ejecución de la pena por un término de prueba de dos años y la expedición de la orden de libertad previa suscripción de un acta de compromiso.
El hoy condenado estaba privado de la libertad desde mayo de 2022 cuando fue capturado y judicializado.
La decisión se da luego de que el sentenciado, de manera voluntaria y libre suscribiera un preacuerdo con el ente acusador en el cual aceptó su responsabilidad en los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal.
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Por su parte, Emilio Tapia, conocido como 'el zar de la contratación', se comprometió a pagar la mitad de la suma que adeuda por el caso de Centros Poblados, que oscila en 6.000 millones de pesos, con el fin de lograr un preacuerdo con la Fiscalía.