Cerca de 35 militares fueron imputados por más de 200 ‘falsos positivos’
Según la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), los hechos se registraron entre 2005 a 2008.
Un grupo de 35 militares entre los cuales se encuentran cinco generales del Ejército, fueron imputados por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, por su presunta responsabilidad en más de 200 casos de ejecuciones extrajudiciales, o mal llamados ‘falsos positivos’.
Estas personas fueron vinculadas como comparecientes al 'Macrocaso 03' que investiga este actuar por parte de integrantes de la fuerza pública.
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Según la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), los hechos se registraron entre 2005 a 2008 en donde se habrían presentado esos asesinatos como bajas en combate y de los cuales, 32 casos fueron víctimas de desaparición forzada.
“La JEP decidió imputar como máximos responsables a tres antiguos comandantes de la IX Brigada a título de autores por omisión: el mayor general Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, el general (r) Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, quien llegó a ser comandante del Ejército Nacional y el brigadier general William Fernando Pérez Laiseca”, señala el pronunciamiento del tribunal especial.
Ese tribunal mencionó que la actuación de los tres generales daban una impresión de que en esa brigada se podría realizar acciones de manera aparentemente irregular y ejecutar homicidios por medio del “combate simulado” con el objetivo de alcanzar el pago recompensas.
En la imputación también están mencionados los mayores generales (r) Édgar Alberto Rodríguez Sánchez y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, quienes también deberán responder a título de coautores por los crímenes que les ha imputado la jurisdicción.
“La Sala de Reconocimiento de Verdad considera que esos uniformados siguieron un acuerdo común, con división del trabajo criminal e hicieron aportes esenciales en las fases de planeación, ejecución y encubrimiento de los hechos”, señala la JEP.
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Además mencionan que “más allá de la responsabilidad individual dentro del subcaso Huila”, los magistrados observaron una falla sistémica de las instituciones, militares y civiles, encargadas de la protección de la población en el departamento de Huila.