Chuzadas a magistrados: MinDefensa y Fiscalía examinan investigaciones

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, se reunió con la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, para abordar la celeridad sobre las investigaciones en cuanto a las chuzadas a magistrados y periodistas.

Igualmente, el alto funcionario indicó que en el encuentro estuvo presente la inteligencia conjunta, en donde se examinaron sobre las interceptaciones ilegales, y los controles que están establecidos para que las operaciones sean completamente legales con la Fiscalía. 

 “Estuvimos examinando sobre posibilidades de interceptaciones ilegales, queremos que cualquier duda sea despejada. Nos pusimos a disposición de la Fiscalía para entregar la información y los accesos que la Fiscalía requiera, para el exitoso resultado que se requiere en la investigación”, dijo Velásquez.

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“Los directores de los organismos de inteligencia de la Policía Nacional informaron sobre procedimientos adelantados. Estuvimos hablando sobre la importancia de adelantar con mayor celeridad las investigaciones”, indicó. 

Igualmente, Velásquez fue enfático en no se tiene conocimiento sobre el supuesto uso de un software de espionaje denominado Pegasus, luego de que se detallara si la Dirección Nacional de Inteligencia tuvo injerencia, directa o indirecta, en la supuesta adquisición por el Gobierno Colombiano del malware de espionaje Pegasus.

Cabe mencionar que la Dirección General de Inteligencia informó que no existe información relacionada interceptaciones a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

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El informe “descartó” la presunta realización de actividades de inteligencia y contrainteligencia en “un edificio ubicado en la 92 con 11 en esta ciudad”.

Sin embargo, la Dirección Nacional de Inteligencia advirtió que se dispuso abrir la verificación respectiva magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien denunció interceptación ilegal. 

Por su parte, el director de la Policía, el general William Salamanca, afirmó que recibió órdenes de presidencia en brindar la protección a la justicia, oposición y a la prensa.