Chuzadas del DAS: María del Pilar Hurtado pidió casa por cárcel
La exdirectora del DAS permanece privada de la libertad en el Cantón Norte.
La exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), María del Pilar Hurtado, condenada por el escándalo de las ‘chuzadas’, pidió que se le otorgue la prisión domiciliaria.
El argumento de la solicitud es que los padres de la exfuncionaria son adultos mayores y que requieren acompañamiento y cuidado.
Lea aquí: Impulsarán reforma para prisión perpetua en casos de feminicidio
El juez quinto de Ejecución de Penas de Bogotá deberá decidir si otorga el beneficio de casa por cárcel a la exdirectora del DAS, que se encuentra privada de la libertad en el Cantón Norte en la capital de la República.
El operador judicial deberá ordenar una visita domiciliaria para verificar las condiciones de desprotección y abandono en las que se encuentran los padres de Hurtado.
Cabe mencionar que el 30 de abril de 2005, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a María del Pilar Hurtado por su responsabilidad en los seguimientos e interceptaciones ilegales que se adelantaron desde el DAS, en contra de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas, abogados y congresistas de oposición al partido del segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
La condena de 14 años de cárcel se dio por los delitos de violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
Lea aquí: ¿Ernesto Lucena de Mindeporte a Minjusticia? el ministro lo aclaró
La Corte Suprema de Justicia determinó en su momento que existían pruebas documentales y testimoniales que permitían inferir que desde la dirección del DAS se dieron órdenes precisas para interceptar las comunicaciones de un grupo de personas y obtener información privilegiada con el fin de crear campañas de desprestigio.
Para el alto tribunal, Hurtado recibía directamente estos documentos en su despacho. Después se los presentaba personalmente a un grupo de funcionarios de la Presidencia de la República y, en casos muy específicos, al jefe de Estado.
Pese a que conocía de la ilicitud de su conducta –reveló el fallo- la directora del organismo de seguridad del Estado continuó con estas labores.
Incluso, en algunos casos, utilizó los gastos reservado del organismo para pagar por la obtención de documentos, fotografías y videos.