CICR advierte de alarmante panorama del posconflicto en las zonas apartadas

El más reciente informe presentado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), reveló que la situación humanitaria en Colombia es cada vez más compleja, debido a la evolución de dinámicas conflictivas en las zonas más apartadas y vulnerables del país durante los años 2017 y 2018.

De acuerdo con ese organismo, “en Colombia no se puede hablar de posconflicto. Actualmente no hay uno, sino al menos cinco conflictos armados en el país, cuatro de ellos entre el Estado colombiano y grupos armados organizados que son el ELN, el EPL, las Autodefensas Gaitanistas y las disidencias de las FARC. El quinto enfrentamiento se da entre el ELN y el EPL".

El CICR manifestó que regiones como el Catatumbo en Norte de Santander, Arauca, Chocó y Tumaco en el departamento de Nariño, son las más afectadas por las constantes acciones violentas de esos grupos al margen de la ley. 

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“Muchos habitantes de estas regiones dicen que la paz nunca llegó y en muchos casos, la situación de seguridad se ha deteriorado seriamente”, destaca el informe.

De igual forma, el estudio de la Cruz Roja Internacional precisó que durante esos dos años aumentaron las victimas de desplazamiento forzado en el país, además del uso de minas antipersonal y otros artefactos explosivos. En 2017 hubo 57 víctimas de minas y el año pasado se registraron 221 casos.

Desaparición forzada

El estudio precisó que el fenómeno de la desaparición forzada también persiste en varias regiones del país.

El jefe de la delegación del CICR en Colombia, Christoph Harnisch, manifestó que “quisiera destacar enfáticamente que la desaparición no es una tragedia del pasado, sino un acto injustificable que aún se comete en la actualidad. Puedo decir abiertamente que todos los portadores de armas en el país, han utilizado utilizan la desaparición para sembrar el miedo y para controlar poblaciones y territorios”.

Harnisch aseguró que miles de familias aún siguen sin conocer la suerte de sus seres queridos.

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“Los familiares de los más de 80.000 desaparecidos del país aún esperan información, que llega a cuentagotas... más de dos años después de que se anunció la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas”, agregó.

Finalmente el CICR aseguró que para que la situación cambie, se necesita el compromiso y la voluntad del Estado para hacer presencia en las zonas más apartadas del país, no solo para brindar seguridad sino para garantizar la satisfacción de todos los derechos de las comunidades.

El fenómeno de la migración venezolana

El informe del CICR advirtió que la llegada de migrantes desde Venezuela que probablemente se agudizará a lo largo de 2019, es un serio motivo de preocupación que se suma a la situación de violencia en Colombia. 

“La coexistencia entre migración y conflicto es una ecuación complicada que sin duda, expone a personas extremadamente vulnerables a una violencia que ningún ser humano debería sufrir. En 2019 continuamos insistiendo sobre la falta de respuestas ante la desaparición”, dice el informe. 

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También se destacó que los migrantes que llegan a Colombia se suman a la población vulnerable ante el conflicto y la violencia. 

“Las dinámicas del conflicto y de la violencia que se viven en las zonas fronterizas o en la ruta migratoria, suponen peligros adicionales para quienes llegan al país en busca de una vida mejor o de protección internacional. Las necesidades de los migrantes son urgentes, en especial el acceso a la salud, a la higiene y al agua”, dice el documento.

Frente a esto, el comité asegura que el Estado Colombiano es responsable de atender las necesidades de los migrantes, de los colombianos retornados y de las comunidades receptoras. 

“Colombia está haciendo un importante esfuerzo, pero no es una tarea fácil debido a la magnitud y a la complejidad del fenómeno. Por ello se requiere del apoyo de la comunidad internacional, así como de una estrecha cooperación entre todos los países receptores y entre las organizaciones con experiencia en esta problemática, a fin de asegurar una migración ordenada, segura y garante de la protección de los derechos de estas personas”, puntualizó el informe.