Condenan a 22 años de prisión a Nelson de Jesús, coronel de la Policía, por la muerte del grafitero Diego Becerra

El coronel Nelson de Jesús Arévalo, excomandante de la Estación de Policía de Suba, fue condenado a 22 años de prisión por su responsabilidad en la manipulación de la escena del crimen para desviar así la investigación que se adelantaba por la muerte del joven Diego Felipe Becerra Lizarazo registrada el 19 de agosto de 2011 en el noroccidente de la ciudad. 

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El oficial fue sentenciado por el delito de favorecimiento en homicidio al tener conocimiento, desde el principio, en la obtención de un arma de fuego con el fin de acusar a Becerra Lizarazo de amenazar al patrullero Wilmer Antonio Alarcón quien, en defensa propia, le disparó al sentir su vida e integridad amenazadas. 

El coronel Arévalo llegó a la zona a la medianoche y habló durante varios minutos con los agentes de la Policía que estaban en el sector. “Supo de la obtención del arma y la escenificación”, precisó la jueza al citar las declaraciones de varios testigos que coincidieron en afirmar que desde el primer minuto el oficial supo del plan para “plantar” la pistola en el lugar donde horas antes el joven había recibido un disparo mortal.

En el juicio, aclaró la jueza, se demostró la existencia de un "código de silencio" con el fin de acordar una declaración conjunta sobre la presencia del arma y el hecho que el patrullero Alarcón había actuado en defensa propia tras perseguir a un grupo de “tres atracadores de un bus de servicio público” en la Avenida Suba con calle 116.

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El plan consistía en que todos los presentes contarán la misma historia. El asesor jurídico de la Policía Metropolitana, Héctor Hernando Ruiz, fue el encargado de liderar la estrategia y crear el libreto para que todos se lo aprendieran y así respondieran las preguntas que les iban a hacer las autoridades.

El objetivo era decir que Diego Felipe Becerra en compañía de dos amigos habían atracado a los pasajeros de un bus de servicio público. El conductor, tras el robo, se encontró al patrullero Alarcón quien emprendió la búsqueda de los atracadores en la zona.

En el mismo fallo emitido este martes fue condenado el patrullero Wilmer Antonio Alarcón, quien ya cumple una condena de 37 años y seis meses de prisión por haberle disparado al menor de edad de manera injustificada. El agente tuvo conocimiento y participación en el "plan criminal" con el fin de afectar la línea de investigación. 

Por la escenificación de la escena del crimen fueron condenados el teniente Rosemberg Madrid Orozco; quien fungió como comandante del CAI de Andes; el subintendente Juan Carlos Leal, que se encontraba en dicho CAI y fue el primer respondiente del caso; el subintendente Fléiber Zarabanda, adscrito al CAI de Alhambra y fue uno de los encargados de obtener el arma a la escena del crimen; y el exasesor jurídico de la Policía Metropolitana, el abogado Héctor Hernando Ruiz, quien fue el encargado de idear todo el plan para obtener e implantar el arma en la zona. 

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En el caso del abogado se determinó que él mismo fue el que recibió el arma que había sido obtenida en el mercado negro por dos policías. Tras recibir el revolver los dos agentes fueron hasta un canal de aguas cercano y lo dispararon. El jurista, tras revisar el elemento lo limpió con un pañuelo y lo puso en un lugar elegido de manera predeterminada. 

Las pruebas de Medicina Legal demostrar que el joven Diego Felipe Becerra no había portado ni mucho menos disparado un arma de fuego. Igualmente, el informe del CTI de la Fiscalía General indicó que en el maletín que tenía solamente se encontraron latas de aerosol y elementos para pintar grafitis. 

Mientras que el exsubcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, José Javier Vivas fue absuelto por falta de pruebas sobre su participación y conocimiento en estos hechos. Lo mismo ocurrió con el coronel John Harbey Peña.

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Igualmente fueron declarados inocentes el conductor del bus de servicio público, Jorge Eliécer Narváez y su esposa Nubia Mahecha. Esto al considera que no existen méritos para decir que tuvieron responsabilidad en el favorecimiento en homicidio. En este caso precluyeron los términos por los delitos de fraude procesal y falsedad en testimonio.