Condenan a exgobernador de La Guajira Álvaro Cuello por corrupción en contratos

La Corte Suprema de Justicia condenó a seis años de prisión al exgobernador del departamento de La Guajira, Álvaro Cuello Blanchar, como autor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. 

La Sala Especial de Primera Instancia halló a Cuello Blanchar responsable de irregularidades registradas en el trámite y celebración del denominado “Convenio de Cooperación” entre la Gobernación y la Constructora Limos. 

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Según explica la providencia, ese contrato tenía el objetivo de construir 150 viviendas de interés social en Riohacha, en la vía a Valledupar, en el que se habrían registrado irregularidades durante el trámite 

"El entonces mandatario, en calidad de oferente del proyecto, transgredió los principios de planeación, transparencia y selección objetiva al desatender su deber de garantizar, previo a la suscripción del contrato estatal, la selección, evaluación y aprobación económica", asegura el pronunciamiento del tribunal. 

La sala determinó que Cuello Blanchar ofertó y aprobó la ejecución de un proyecto de vivienda de interés social que carecía de redes de alcantarillado, lo cual desencadenó una problemática social e hidrosanitaria de gran impacto.

En la misma providencia, la Corte absolvió al también exgobernador de la Guajira, Hernando David Deluque quien fue judicializado por peculado por apropiación en favor de terceros al haber autorizado el desembolso de pagos en favor de la Constructora Limos, entre febrero de 2001 y mayo de 2002. 

El magistrado explica que el desembolso fue ordenado por Deluque, "pese a que el proyecto de vivienda enfrentaba graves inconvenientes que trastornaban su terminación y entrega". 

Se demostró que Deluque actuó en cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato estatal suscrito por su antecesor, el cual le imponía el deber de cancelar los peculios cuestionados, previa verificación del cumplimiento de ciertos requisitos. 

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Ambos exmandatarios departamentales ya tienen una condena vigente emitida por la Corte Suprema, pues en febrero de este año, el tribunal los sentenció a cuatro años de prisión por un caso similar, relacionado con irregularidades en contratos para obras públicas.